Los cambios vienen de la mano con la palabra sacrificio. Para ejecutar su plan de austeridad republicana, la Cuarta Transformación no se imaginó que tomaría decisiones que con el paso del tiempo afectarían a millones de mexicanos.
Al finalizar el primer trimestre, la precarización del empleo constituyó uno de los problemas más graves en México, pues para sacar adelante la economía del país, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador recortó nueve mil 847 plazas que conformaban la Administración Pública Federal (APF), según un informe publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Las dependencias más afectadas por estas medidas fueron: Gobernación; Comunicaciones y Transportes; Economía; Educación; Salud; Marina; Energía; Bienestar; las comisiones Reguladora de Energía y Nacional de Hidrocarburos, entre otras.
Ante la incertidumbre que generarían los cambios, las empresas privadas también se vieron en la necesidad de hacer recortes masivos de personal con la intención de ahorrar recursos y sanar sus finanzas.
La meta por alcanzar 2 por ciento del crecimiento económico al finalizar el año también fue uno de los factores que inhibió la generación de empleos.
Hasta marzo, la tasa de desocupación aumentó a 3.5 por ciento respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), cifra mayor a la reportada en el último trimestre de 2018, que fue de 3.4 por ciento, de acuerdo con los datos ajustados por estacionalidad del Instituto de Estadística y Geografía (Inegi).
Héctor Márquez Pitol, director de relaciones institucionales de ManpowerGroup, asegura que durante el primer semestre de cualquier nueva administración la generación de empleos es baja, debido a la transición que se hace de un gobierno a otro y, comenta, hasta la fecha se han registrado 100 mil empleos menos en su plataforma.
Informalidad al acecho
Otro factor que ha ocasionado desequilibrio en el sector laboral, es la informalidad, ya que no tiene marco legal y no puede cumplir con muchos de los aspectos que demanda la ley.
La población desocupada es la que sin más alternativas se ha empleado en este mercado, pues ante la falta de oportunidades y con el objetivo de obtener ingresos no les ha quedado más que encaminarse por esta opción.
Durante el primer trimestre del año, esta población fue de 1.9 millones de personas, es decir 172 mil 348 más respecto al mismo periodo de 2018.
Entre las entidades más afectadas por la falta de empleo se encuentran: Tabasco con 7.6 por ciento; Ciudad de México, 4.7 por ciento; Durango, 4.6 por ciento; Estado de México, 4.3 por ciento; Coahuila y Sonora, con 4.2 por ciento cada una.
En contraste, las tasas más bajas en este indicador se reportaron en Guerrero, Morelos y Oaxaca, con 1.8 por ciento cada una; Yucatán, 1.9 por ciento; San Luis Potosí, 2.1 por ciento; Michoacán de Ocampo, 2.3 por ciento, e Hidalgo y Puebla, con 2.4 por ciento, revela el Inegi.
José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), asegura que el mercado laboral mexicano se encuentra en un estado de precarización que ha sido constante en los últimos 13 años, y que a partir de 2006 se incrementó con la informalidad.
“En la actualidad, los empleos que se generan ofrecen menos de tres salarios mínimos como paga, en los últimos dos años se han destruido aquellos puestos de trabajo en donde pagan más de cinco salarios mínimos, de alguna manera esta situación ha influido en que las personas busquen otras alternativas para generar ingresos”, detalla el director del IDIC.
En el primer trimestre del año, todas las modalidades de empleo informal sumaron 30.8 millones de personas, un aumento de 2.7 por ciento respecto al mismo lapso de 2018 y representó 56.9 por ciento de la población ocupada, superior al 56.6 por ciento del trimestre previo y al 56.7 por ciento en igual periodo del año pasado.
José Luis de la Cruz argumenta que la desaceleración económica de los últimos meses dio como resultado la precarización del mercado laboral e insiste en que lo que México requiere en este momento es crear un programa de reactivación que contemple la necesidad de mantener el empleo y promover la inversión.
“Al final, la pérdida de empleos se relaciona con el cierre de empresas y la menor actividad productiva porque se enfrentan a problemas de seguridad y regulación, la solución debe ser integral a través de dar mejores condiciones al sector productivo”.