El segmento de juegos y sorteos, anda con mala racha en México debido a que ya comenzó a hablar por la promoción de presuntos actos de extorsión en contra de los propietarios, a quienes, de manera directa o por medio de terceros interpuestos, les estarían reclamando fastuosas sumas de dinero a cambio de la “seguridad” de sus negocios.
Los casineros propietarios han manifestado que funcionarios públicos supuestamente autorizados por la Dirección General de Juegos y Sorteos -DGJS-, presidida por Manuel Marcué Díaz, cobran abultados montos para dejarlos operar.
El chantaje pide a cambio de “operar sin presiones” la suma de 20 millones o se imponen multas y clausuras por los siguientes tres años. La corrupción e impunidad continúa portando rostro de instituciones fuertes e individuos intachables, que prosiguen cometiendo estos actos abusivos con la finalidad de hacer una caja chica.
Modus operandi
Los agentes extorsionadores se acercan a las principales plazas del juego como Monterrey y Guadalupe, con justificaciones arbitrarias y fuera de la anuencia de la propia repartición pública.
La nómina de instalaciones en la mira se extienda a: Hipódromo de Las Américas, Apuestas Internacionales, Divertimex, Ganador Azteca, El Palacio de los Números, Pur Umazal Tov y casinos en línea, por mencionar algunas.
Según el analista financiero Darío Celis -quien generalmente goza de buena información-, preguntó en su columna del 24 de marzo de 2022: “¿Tendrá conocimiento el presidente Andrés Manuel López Obrador que el flamante director de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, Manuel Díaz, viene extorsionando a las compañías que tienen inversiones desde hace muchos años en este nicho?”.
Alrededor de 30 permisionarios activos están temerosos por este raid de episodios, ya que los cierres son efectuados después que no acceder a abonar la imposición de los 20 millones de pesos.
La semana pasada circuló que varios propietarios de estos grupos tuvieron algo más que suerte para arreglar sus diferencias con la autoridad central. Tal es el caso del sitio de entretenimiento virtual Big Bola, perteneciente a Javier Rodríguez, quien pudo abrir una de sus salas luego de la clausura del establecimiento.
Hacia nueva normativa
“Al principio había un gran bingo en el casino Yak -hoy cerrado-, y paulatinamente, se ensancharon las posibilidades de juego, hasta que ofrecieron al público ruleta, póker, apuestas deportivas y máquinas tragamonedas, de esas que ofrecen un jugoso retorno para la compañía, por supuesto, toleradas por el controvertido Reglamento de la Ley de Juegos que expidió el entonces secretario de Gobernación Creel en 2004. Muchos empleados cercanos a mi persona se preguntaron por qué está cerrado el casino, dado que la empresa permisionaria del Hipódromo, lo asentó hace varios años en un área considerable del predio, en virtud del permiso otorgado a concepto de giros complementarios para que recibir mayores ingresos y utilidades”.
La ley de 1947 vigente en la actualidad, recepta:
La prohibición de los juegos de apuestas y de azar en su artículo 1º. Asimismo, menciona los juegos permitidos: el ajedrez, las damas, dominó, dados… “en su artículo 2o.
Un amigo que entiende de derecho asegura que nunca un Reglamento puede superar en orden jerárquico a lo dispuesto por una Ley; no obstante, se tolera. Y así se ha forjado una industria cardinal”, agregó.
Asevera Celis que hoy el erario público administra 5000 mil millones de pesos tributados desde este sector, creando numerosos puestos de empleo.
Momentos críticos
Las secuelas ocasionadas por la crisis sanitaria global han impactado fuertemente en la industria del juego mexicano con caídas de hasta 20 mil millones de pesos anuales.
La reducción de aforo a mitad de la capacidad y la aparición de agentes coludidos por las autoridades de turno, afecta aún más las complejas limitaciones del sector.
A pesar de las regulaciones severas y el recuento formal de los ingresos por parte de autoridades hacendarias, la cacería de brujas no encuentra un final seguro por parte de los funcionarios de Dirección General de Juegos y Sorteos, afectando a más de 45 puestos de empleo directos y 140 mil indirectos.
Las avanzadas de cobro de moches empezaron hace un mes, en un sector contribuyente a las arcas del SAT, encabezada por Raquel Buenrostro, con sumas superiores a los 5 mil millones de pesos en impuestos.
Cabe destacar que esta actividad mantiene en sus filas a 36 permisionarios activos, los cuales poseen a la fecha, más de 360 salas de juego de operaciones.
Para la seguridad de los casineros, sería bueno redefinir un marco normativo que contenga una nueva Ley de Juegos que dé enfoque consistente a la racionalidad, transparencia y justeza legal de las casas de juego, al momento de operar con sus clientes.
En la actualidad, la red de corrupción es un mal que pulula, con instituciones sólidas, aunque, no esto no esté exento de poder reverse judicialmente, para poner fin a estos atropellos y poder conservar las fuentes de trabajo que hoy peligran bajo la fraudulenta administración pública.
