Cerco migratorio y sanitario, respuesta a caravana
Las autoridades mexicanas han tomado la pandemia como estandarte para frenar los flujos migratorios que ingresan a territorio nacional, mientras asociaciones de derechos humanos buscan cerrar acuerdos con el INM
Rubén ZermeñoLa crisis migratoria en la frontera sur se agrava. En días recientes autoridades mexicanas desplegaron toda su fuerza para frenar y desmantelar una gran caravana de personas centroamericanas que buscaban llegar a Estados Unidos huyendo de la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades.
Las autoridades argumentaron que, además de violar la soberanía nacional, la caravana era un peligro de contagio de COVID-19 para la población mexicana.
“No es un delito venir al país, pero nosotros decimos que sea con total respeto a la legislación migratoria mexicana. Bienvenidos todos, pero con orden, con respeto a la soberanía, con respeto a las instituciones”, indicó Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), al presentar el operativo de contención.
Incluso, días antes de que llegara la caravana a territorio nacional procedente de Honduras, el INM amagó hasta con 10 años de cárcel para las personas extranjeras que ingresen a México sin medidas de protección sanitaria para evitar los contagios de COVID-19.
Después del operativo, las redadas, los amagues y la disolución de la caravana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió la medida y acusó que posibles motivos políticos podrían estar detrás del movimiento migratorio.
“Afortunadamente no se continúa con la caravana que viene de Honduras, porque tanto el gobierno de Honduras como el de Guatemala ayudaron a convencer a los integrantes de esta caravana de que no hay condiciones sanitarias y que había que actuar de manera distinta”, dijo el presidente.
Para Rita Marcela Robles, enlace para la incidencia en el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y especialista en temas migratorios, los migrantes debieron de haber sido recibidos en el país como refugiados y no como invasores.
Lo que hemos visto en esta administración es que nada ha cambiado, hay xenofobia y hay violencia, eso es lo que nos preocupa, porque eso puede generar temor en la población y generar otros brotes de violencia contra los migrantes
La especialista recuerda el 2018, cuando una de las primeras caravanas migrantes fue frenada con gases lacrimógenos y empujones, e insiste en que no ha habido ningún cambio entre los gobiernos anteriores y la actual administración, ya que ahora la represión es institucional.
Robles considera que el tema de la pandemia refuerza los argumentos antimigratorios que han tenido tanto el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación y la Cancillería. El tema de la pandemia es el pretexto perfecto para justificar todo el desplegado.
“Les da el contexto y el argumento perfecto para profundizar la política migratoria que se ha venido desarrollando, si bien, ahora no ha habido la represión de los gobiernos anteriores, el discurso institucional es muy violento. Ahora es el Estado mostrando músculo para combatir a población vulnerable como si fuera una invasión militar”, agrega.
Para solucionar la problemática, la especialista advierte que se deben de combatir primero las condiciones de vida que generan los flujos migratorios, la pobreza, la falta de empleo y la violencia y agrega que la ayuda que busca dar el presidente López Obrador no es suficiente para detenerlos.
“El tema de Andrés Manuel es que ha querido invertir y llevar los programas que implementó aquí, como Sembrando Vida, para supuestamente detener los flujos migratorios, pero eso es tener una mirada muy corta de las causas estructurales que generan la migración. Además dependemos mucho de Estados Unidos y no podemos tener una política migratoria autónoma, aunque se quisiera”, dice.
Centros sin vigilancia
Cuando la pandemia de COVID-19 tocó territorio nacional, hace más de medio año, decenas de organizaciones sociales presionaron para que el INM liberara a las más de tres mil 500 personas que estaban detenidas en las estaciones migratorias, ya que por el hacinamiento podrían ser víctimas fáciles de contagios de COVID-19.
A meses de distancia, las organizaciones, entre las que se encuentra el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, consiguieron una suspensión para que las autoridades migratorias realizaran un censo y liberaran a las personas que por su edad o comorbilidades podrían ser víctimas del nuevo coronavirus.
Además, el amparo instruía a la Secretaría del Bienestar proveer de derechos sociales, como salud y vivienda, a los detenidos. El INM cumplió, pero no al pie de la letra.
“El INM lo que hizo fue sacarlos a todos, a los que no pudo deportar los abandonó en la frontera sur, sobre todo en Tenosique y en Tapachula, las personas tuvieron que resolver sus retorno por sus propios medios”, comenta Rita Robles.
Actualmente el problema es que por la misma pandemia, la sociedad civil no ha podido entrar a las estaciones migratorias para conocer el estatus en el que se encuentran los detenidos.
“No sabemos cómo están las condiciones, estamos replanteando volver, estamos trabajando en protocolos de atención y monitoreo para ver hasta dónde podemos entablar acuerdos con el INM para que tampoco sea una excusa la pandemia para no dejarnos entrar. Tenemos que estar atentos, porque la gente va a seguir intentando huir, por eso es urgente que los gobiernos cambien”, concluye Robles.
