Chile: casos pendientes

La justicia española dictó ayer órdenes de detención internacional contra 6 ex militares chilenos y un estadounidense vinculados al régimen de Augusto Pinochet para ser juzgados en Madrid por su presunta participación en el asesinato del diplomático español Carmelo Soria en 1976.

Los 7 procesados por su participación directa o intelectual en los hechos están acusados de delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal, según recoge un auto del juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, que reabre una de las páginas más negras de Chile y que se incluyó en el viejo sumario con el que Baltasar Garzón trató de procesar a Pinochet en 1998.

Entre los imputados figuran Manuel Contreras, ex jefe de la temida policía secreta chilena Dina y Jaime Lepe Orellana, un ex coronel asistente de Pinochet. El ciudadano de EU es Michael Townley, un hombre que fue agente de la CIA, que estuvo muy vinculado a los servicios secretos chilenos de la época y que pasó 5 años en prisión por su complicidad, supuestamente bajo las instrucciones de esas organizaciones, en el asesinato del ex embajador chileno Orlando Letelier en 1976.

El juez Ruz los relaciona con la tortura y asesinato de Soria, el diplomático español que se exilió en Chile tras la victoria de Franco, asesoró a Salvador Allende y trabajó como funcionario de las Naciones Unidas en la Cepal.

Según el auto de Ruz, el régimen relacionaba a Soria con el Partido Comunista. Tras varios días de seguimientos, agentes de la Dina vestidos de carabineros detuvieron a Soria bajo pretexto de una infracción de tráfico y lo trasladaron a una vivienda secreta en la que fue maniatado, golpeado y torturado durante horas en un interrogatorio que dirigió Orellana.

Horas después, fue “estrangulado manualmente”.

Los agentes inyectaron a Soria media botella de aguardiente de uva y arrojaron el cadáver y su vehículo a un canal para simular un accidente de tráfico.

Ruz recordó que el caso del funcionario español fue sobreseído por la Corte Suprema de Chile en 1996 en virtud de la Ley de Amnistía de 1978 pero que la Audiencia Nacional tiene competencia para enjuiciar un caso que además afecta a un ciudadano español.

Alfonso Insunza, abogado de la familia Soria, aseguró que aunque algunos de los implicados fueron condenados por “encubrimiento” de la muerte de Soria en Chile, todos se encuentran en libertad salvo Contreras.

Caso diferente es el de Townley, que fue puesto en el programa de protección de testigos de EU por haber facilitado información a las autoridades después de la condena por la muerte de Letelier y de su asistente. (AP)