La crisis que vive Venezuela ha desencadenado una oleada de migración. Miles de ciudadanos salen del país para huir de la violencia, la inseguridad y las amenazas. Esa intención de mejorar sus condiciones de vida los ha llevado a desplazarse por América Latina. En el último lustro, más de cinco millones de venezolanos han dejado su país y de ellos 80 por ciento se ha establecido en la región. Sin embargo, Ecuador se ha convertido en un importante corredor humanitario para los migrantes y refugiados venezolanos.
De los 1.2 millones que han pasado por Ecuador durante su éxodo, cerca de 400 mil han decidido quedarse y de estos, cuatro de cada diez han elegido residir en Quito, de acuerdo con datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Sin embargo, la comunidad venezolana se establece en Ecuador cuando el país enfrenta una serie de afectaciones sociales y económicas a causa de la emergencia sanitaria, a lo que se suma el descontento social provocado por el aumento del desempleo y el rechazo a las medidas del gobierno para reactivar la economía.
El reto para Ecuador radica en que los venezolanos buscan establecerse de forma permanente en el país, por lo que ha emprendido diversos esfuerzos para implementar mecanismos que le permitan atender la situación migratoria.
En este sentido, hay que recordar que el gobierno de Ecuador dio una respuesta rápida a la pandemia, sin embargo, no pudo evitar el colapso del sistema mortuorio durante el pico más alto del confinamiento, que inició el 20 de marzo cuando el gobierno del presidente Lenin Moreno emitió una declaratoria de emergencia.
Entonces, también se cerraron las fronteras y se establecieron medidas como programas de transferencias para ayudar a las pequeñas empresas y las poblaciones vulnerables, y los migrantes venezolanos no fueron la excepción en el plan gubernamental.
El gobierno ecuatoriano extendió el plazo de amnistía migratoria y del proceso de regularización por motivos humanitarios por medio de un decreto presidencial que se publicó el 23 de marzo. Además, ratificó la validez de pasaportes de ciudadanos venezolanos hasta por cinco años después de su fecha de caducidad.
Sin embargo, a su paso por Ecuador, la comunidad venezolana enfrenta un panorama desolador, dado que en algunos casos no logran cubrir sus necesidades básicas y padecen la falta de vivienda y comida, lo que se complica ante la creciente xenofobia.
En el análisis “Retos y oportunidades de la migración venezolana en Ecuador”, Sergio Olivieri, economista senior en la Práctica Global de Pobreza en el Banco Mundial, declara que el acceso a servicios de salud y educación deben ser gratuitos, lo cual es criticado por algunos ecuatorianos debido a la situación que enfrenta su país.
“Como porcentaje de la población total de Ecuador, esta comunidad representa menos del uno por ciento de usuarios de estos servicios. Sin embargo, existe la creencia entre los ecuatorianos que la población venezolana está causando el colapso de estos servicios y afectando la economía del país”, dice en el análisis Sergio Olivieri.
El golpe del COVID-19 a Ecuador
La situación económica y social generada por el confinamiento deja ver que la administración federal de Ecuador no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a la emergencia y las afectaciones a largo plazo, por lo que el Banco Mundial destaca que debe recurrir a la cooperación internacional para mejorar sus capacidades de integración de la población migrante y con ello promover el desarrollo de sus capacidades.
El organismo internacional alerta del impacto que la emergencia sanitaria traerá para los distintos países, pero considera que en Ecuador la situación se podría agravar y un millón y medio de personas caerían en la pobreza en un año, lo cual significaría que el país tendría cinco millones de pobres para 2021.
Proyecciones de la institución estiman que la economía ecuatoriana se reducirá seis por ciento hacia el cierre de este año, lo que ocasionará un aumento de 3.2 puntos porcentuales de la brecha de pobreza. La crisis no tendrá un impacto uniforme sobre la población y los trabajadores informales se verían más afectados y constituirían un tercio de los nuevos pobres.
Los venezolanos en Ecuador podrían ser uno de los grupos afectados, dado que más de la mitad no cuenta con documentación, por lo tanto, el 57 por ciento se emplea en la informalidad con contratos temporales. Los migrantes venezolanos trabajan cinco horas más a la semana que los ecuatorianos, pero sus salarios son 42 por ciento menores.
Sin embargo, si el país lograra incorporarlos en actividades económicas formales, lograría un impulso al crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con las proyecciones de los economistas del Banco Mundial.
“La mayor parte de los integrantes del éxodo venezolano son jóvenes con alto nivel educativo. Es una población con gran potencial que puede aportar hasta dos por ciento en el PIB”, Sergio Olivieri.
