El coronavirus amenaza la seguridad alimentaria en América Latina. El acceso a alimentos con nutrimentos básicos para algunos países se verá comprometido por los contagios de trabajadores agrícolas y la interrupción de las cadenas de suministro.
La brecha de la insuficiencia alimentaria podría causar que las poblaciones más vulnerables de la región enfrenten también una “pandemia de hambre”. El número de personas al borde de la hambruna en el mundo se podría duplicar hacia el cierre de este año para afectar a 265 millones desde los 135 millones de 2019, de acuerdo con proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De la población en riesgo, que son alrededor de 153 millones de personas, 73 millones viven en África, 43 millones en Oriente Medio y Asia, y 18.5 millones se encuentran en América Latina y el Caribe.
De la región latinoamericana, Venezuela es la nación más vulnerable y de acuerdo con la ONU, si ahora no se emprenden medidas para mitigar la problemática, los ciudadanos enfrentarán hambrunas de proporciones extremas en pocos meses.
En Venezuela se vive una situación particular a causa de la coyuntura social y económica. La hiperinflación que registra el país desde 2017 ha provocado que el valor del dinero se desplome y los precios de los alimentos sean tan altos que se han vuelto incosteables para la población.
Cerca del 32.3 por ciento de los venezolanos sufre insuficiencia alimentaria y 7.9% vive una situación de inseguridad alimentaria severa, de acuerdo con un informe publicado por el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) de la ONU
“Antes de que el coronavirus se convirtiera en un problema, decía que en 2020 se enfrentaría la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial por varias razones y ahora, con el COVID-19, quiero enfatizar que no sólo estamos enfrentando una pandemia, sino también una catástrofe humanitaria global”, dijo David Beasley, director ejecutivo del WPF.
Asimismo, en El Salvador, Guatemala y Honduras, países conocidos como El Corredor Seco debido a las altas temperaturas y las sequías cíclicas relacionadas con el fenómeno de El Niño, hay por lo menos 3.2 millones de ciudadanos que pasan hambre, mientras que en Haití, la crisis política y socioeconómica empeoró la inseguridad alimentaria extrema y ha dejado a cerca de 3.7 millones de personas afectadas.
David Beasley advierte que el panorama para estos países se puede agudizar debido a la emergencia sanitaria, por lo que considera fundamental la necesidad de que gobiernos y organizaciones de ayuda humanitaria mantengan los programas de asistencia para poder dar apoyo a los grupos vulnerables.
Crisis de hambre, falta de alimentos
La insuficiencia alimentaria afecta a los países de América Latina con mayor fuerza desde 2005. Entonces, 9.1 por ciento de la población de la región vivía en esta condición. Al cierre de 2018, el porcentaje se redujo a 6.5 por ciento, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En América Latina y el Caribe, las tasas de subalimentación se han incrementado en los últimos años como consecuencia de la situación en América del Sur, en donde la mayoría de los países enfrentan una desaceleración económica. Por el contrario, las tasas de la prevalencia de la subalimentación en los países que se ubican en América Central han disminuido.
Si bien la situación era crítica, la emergencia sanitaria afecta al sector alimentario y a la agricultura, por lo que la FAO llama a los gobiernos de la región a emprender medidas que garanticen la continuidad de las cadenas de suministro de alimentos para mitigar riesgos que afecten, en mayor medida, a las poblaciones más vulnerables.
La oficina de la ONU destaca las interrupciones en el suministro de alimentos, uno de los eslabones con mayor riesgo ante el cierre de las fronteras entre países, medida que los gobiernos de América Latina han adoptado para limitar la movilidad y frenar el paso al COVID-19.
Es por ello que el reforzamiento de los sistemas de producción y distribución de alimentos locales para garantizar el abastecimiento doméstico será una de las claves que permitirán hacer frente a la emergencia. La FAO considera que con esto, los gobiernos tendrán oportunidad de prever y mitigar los efectos negativos que la pandemia pueda provocar en la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de las personas.
Para dar respuesta a la problemática y evitar que el hambre se convierta en otra pandemia que los países en América Latina tengan que controlar, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propuso la creación de un Bono Contra el Hambre (BCH)
El bono, que tendría una vigencia de seis meses, deberá entregarse a los ciudadanos que viven en condiciones de extrema pobreza y tendría un costo de 0.06 y 0.45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) regional, dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de Cepal, durante la presentación del informe “Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria: Acciones urgentes contra el hambre en América Latina y el Caribe”.
“Este Bono Contra el Hambre nos ayudaría a cubrir a todas las personas que viven en pobreza extrema y pensamos que es muy importante porque la gran tarea que tenemos por delante es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria”, declaró la secretaria ejecutiva de Cepal.
