Guatemala, en retroceso por su Decreto 18-2022 en contra del aborto y el matrimonio igualitario

En pleno 2022, el respeto por los derechos humanos debería ser una constante en todo el mundo; sin embargo, aún hay países que tardan en respaldarlos, como Guatemala.

Hace seis días, el país latinoamericano fue objeto de críticas, luego de que el Pleno del Congreso de la República aprobó con 101 votos a favor la Ley de Protección de la Vida y la Familia, la cual respaldó el derecho a los padres a orientar a sus hijos en ámbitos de la sexualidad, estableció normativas para defender la vida desde su concepción y prohíbió de manera expresa el matrimonio y la unión entre personas del mismo sexo.

Tras darse a conocer esa iniciativa, catalogada como el Decreto 18-2022, las inconformidades no se hicieron esperar, sobre todo por miembros de la comunidad LGBT+, y por mujeres que luchan por ser ellas las únicas que decidan sobre abortar.

Con mantas, carteles y pintura sobre sus rostros, los protestantes salieron a las calles hasta el pasado fin de semana, pidiendo que el Congreso no avanzara con la ley, pues violentaba sus libertades.

Como respuesta, de parte del presidente de Guatemala Alejandro Giammattei obtuvieron el compromiso de que el Congreso archivaría el Decreto en cuanto antes, así como la promesa de que vetaría dicha propuesta si llegaba a su despacho.

Del mismo modo, el diputado Edgar Stuardo Batres Vides, miembro del partido de la izquierda WINAQ, se manifestó en contra de la iniciativa, asegurando el día de ayer en la 25ª Sesión Ordinaria del Congreso, que los legisladores que habían estado a favor de Decreto desconocían la realidad de su país, pues hay una gran variedad de familias que lideran la diversidad sexual.

Por su parte, la diputada Lucrecia Hernández Mack, de la Bancada Semilla, dejó en claro que esperaba que los legisladores se dieran cuenta de la equivocación que cometieron al aprobar la Ley de Protección de la Vida y la Familia y se decidieran por archivarla, dándole fin “a esa aberración”.

“Es un mal precedente para el Congreso no sólo aprobar leyes anti-derechos sino retrógradas, porque eso es lo que hicieron 101 diputados. Pero hoy (ayer) la vamos a acabar y enterrar”, añadió la diputada Sonia Marina Gutiérrez, del partido WINAQ.

Tomando en cuenta esas perspectivas, además de las sentencias agregadas por otros miembros del Pleno, durante la 25ª Sesión Ordinaria del Congreso se llegó a la conclusión que la ley incumplía con los derechos humanos, por lo que tendría que archivarse como desde un inicio lo planteó el jefe del Estado.

De acuerdo con el doctor Fernando Neira Orjuela, miembro del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM, con el Decreto 18-2022 sin duda se dio un retroceso en el país, sobre todo en el terreno que por décadas ya habían ganado tanto la comunidad LGBT+ como las mujeres.

“Este tipo de políticas lo que hace es colocar a un país en la retaguardia, evitando que el Estado salga del subdesarrollo (…) América Latina está dando unos avances muy importantes por parte de gobiernos progresistas, los cuales entienden que la región va a crecer cuando sus pueblos tengan la posibilidad de decidir en todos los ámbitos, desde lo político hasta lo social.

“Lo que pasó con el caso guatemalteco nos tiene que preocupar, porque es contrario al avance de los pueblos, de la democracia y de los derechos individuales”, asegura el académico.

Hasta el momento, ya han sido distintas las naciones de la región que han dado un paso para despenalizar el aborto, promover la educación sexual desde la educación básica y darle el derecho a todas las personas a contraer matrimonio, independientemente cuál sea su género.

Colombia, por ejemplo, se convirtió hace tres semanas en el primer país de América Latina en despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación, mientras que el año pasado Chile aprobó la unión entre personas del mismo sexo, siendo una de las decisiones más aplaudidas durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Por su parte, Paraguay, Venezuela y Perú siguen liderando la lista de los países que no han progresado en estos temas, en espera de que den un primer paso tras el caso guatemalteco, donde el llamado a la defensa de las libertades surtió efecto.

El papel del presidente de Guatemala

Antes de que se diera a conocer la decisión final del Congreso de Guatemala para archivar el Decreto 18-2022, los legisladores sabían que tendrían el nulo respaldo del mandatario Giammattei si la ley era favorecida de nueva cuenta.

Con ello, el presidente demostró el apoyo que le seguirá dando a esta agenda en lo que resta de su mandato, sumándose a los jefes de Estado de la región que están comprometidos a tener una nación progresista.

“Para que un gobierno quiera asumir como progresista, este tipo de iniciativas no pueden prosperar, y más en un contexto como el guatemalteco que ha estado sometido durante décadas a procesos de agresión, discriminación y humillación.

“Esperemos que el presidente siga con ese modo coherente y no permita que se aprueben estas leyes contrarias a toda dignidad humana”, apunta el miembro del CIALC.

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