Muerte asistida, el reto de Colombia tras los casos de Víctor Escobar y Martha Sepúlveda

Minutos antes de dirigirse a un hospital en la ciudad de Cali, Colombia, Víctor Escobar tuvo una oportunidad que pocos logran experimentar: se despidió de sus familiares y amigos previo a fallecer. El pasado 7 de enero, Víctor, de 60 años, se convirtió en el más reciente colombiano y ciudadano latinoamericano en recibir muerte asistida, a pesar de ser un paciente sin una enfermedad terminal, el cual es el requerimiento básico para realizar la eutanasia en su país.

Al igual que él, pero con un día de diferencia, Martha Sepúlveda decidió perder la vida a través del mismo método en la ciudad Medellín, donde sus familiares pudieron darle el último adiós.

Ambos casos fueron respaldados por la Corte Constitucional de Colombia, que en julio de 2021 garantizó el derecho a una muerte digna por lesiones corporales o enfermedades graves e incurables.

Mientras que Escobar tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padeció por años según su abogado, Sepúlveda sufría de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la cual es incurable y degenerativa.

De acuerdo con la decisión de la Corte, el método no incurre en el delito de homicidio por piedad cuando la conducta es efectuada por un médico y se realiza con el consentimiento libre e informado, y previo o posterior al diagnóstico del sujeto.

“Corresponde al paciente elegir la alternativa que mayor bienestar le produce, en el marco de su situación médica, con la orientación adecuada por parte de los profesionales de la medicina, y en cualquier caso, en ejercicio de su autonomía”, añadió la Corte.

Con esta conclusión, la institución colombiana se fue contra el Artículo 106 de Homicidio por Piedad, a través del cual se afirma que aquel que mate a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses.

Esta decisión fue aplaudida por cientos de colombianos, así como líderes políticos y de opinión, como Alejandro Gaviria, exministro de Salud de Colombia y actual candidato presidencial, y Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México.

Los frenos para el desarrollo de la muerte asistida

Gracias a la decisión de la Corte Constitucional de Colombia para garantizar el derecho a la muerte digna, personas como Víctor Escobar y Martha Sepúlveda pudieron dar por terminada su vida debido a sus padecimientos y a una ardua lucha legal. Y aunque sus casos son destacados, aún falta un largo camino para que esto avance en todo el país.

En el Congreso de la República colombiana, por ejemplo, aún no han aprobado el procedimiento que aceptaron en la Corte, a pesar de que se les ha exhortado a analizar el tema en más de una ocasión.

En abril de 2021, sólo hicieron falta tres votos de los miembros de la Cámara  para aprobar el proyecto de ley, el cual también tendría que pasar, como última instancia, por el Senado.

Pero además del reto que eso representa, Ricardo Orozco, docente de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, añade que es la carga social la que también podría interferir en la aprobación de este derecho.

“El golpe más claro vendría de la Iglesia católica por ser la religión dominante en los Estados latinos (…) Pero también de los partidarios políticos ultraconservadores o extraderechistas, que podrían lograr representatividad en el Congreso, y en ese punto evidentemente no va a ser una tarea sencilla que pasen este tipo de leyes”, dice el académico.

De igual manera, Orozco sostiene que los grupos provida también podrían ser una interferencia incluso en el resto de la región, donde siguen sin impulsar en su totalidad el derecho a la eutanasia.

Como en Perú, que aunque las leyes prohíben este método, una Corte recientemente falló en favor de una solicitud para llevarla a cabo.

Por otro lado, en Argentina y Chile, tienen legislaciones que permiten la eutanasia pasiva, con la cual rechazan tratamientos que prologan artificialmente la vida de pacientes con síntomas terminales o irreversibles.

En el caso de Uruguay, cuentan con una ley conocida como Voluntad Anticipada, la cual regula la libertad de una persona para rechazar un tratamiento, incluidos los cuidados paliativos.

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