Lo que está ocurriendo al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es una diferencia de criterios o de posturas entre los magistrados, sino una real confrontación y quizá el inicio de una rebelión interna en contra de la presidenta del órgano Janine Otálora. El evidente rompimiento tras la controvertida resolución de la elección a la gubernatura en Puebla ha escalado en las últimas horas después de las declaraciones del magistrado José Luis Vargas Valdés, quien afirmó que Otálora debería renunciar a la presidencia de la Sala Superior, pues a su juicio se ha perdido liderazgo y unidad. La magistrada respondió a través de su cuenta de Twitter descartando cualquier renuncia y defendiendo su permanencia. Como en la votación por el caso Puebla, todo indica que la Sala también se encuentra dividida. ¿Hasta dónde llegará la tensión?
Golpeteo del PRI por presupuesto
Quien se sumó a las críticas por el Paquete Económico 2019 del Gobierno Federal fue el secretario general del CEN del PRI, Arturo Zamora, quien no solo hizo un llamado a no permitir la imposición por parte de Morena y sus aliados, sino que no escatimó en calificativos a la política económica de la nueva administración. Entre algunas de las aseveraciones más polémicas fue que se trata de una política ‘regresiva, centralista y conservadora’, que en nada promueve el desarrollo del país. Asimismo lamentó que con el presupuesto lo que se busca es propiciar el clientelismo oficialista, y que promueve proyectos ‘fantasiosos’ a costa de la disminución de recursos para estados y municipios. Un intenso golpeteo en menos de 90 segundos de video.
Empresa bajo la mira
A la empresa CPM Medios, cuyo representante legal es el empresario de origen argentino Omar Dario Gallegos, se le podría estar terminando la ‘suerte’. Fuentes al interior de la administración federal señalan que ya tienen en la mira a esta compañía, a la cual el Partido Verde le ha asignado un importante número de contratos multimillonarios. Además, nos comentan que las áreas de compras de los gobiernos estatales de Sinaloa, Durango, Zacatecas, Colima y Oaxaca, así como el municipio de Metepec en el Estado de México tienen la consigna de otorgar contratos a CPM de forma directa y sin ninguna licitación de por medio. La carpeta de investigación que ya tiene prácticamente lista la autoridad pretende responder a una serie de incógnitas. ¿Qué poderoso personaje apadrina a esta empresa? ¿Cómo ha logrado en un periodo de tiempo tan corto ampliar su oferta de negocio? ¿Sus servicios se limitan a publicidad, promoción e impresos? ¿Qué tiene que decir el INE respecto a los contratos poco transparentes entre CPM y el Partido Verde? Atentos
