Castigo ejemplar por homofobia

No hay cifras oficiales de crímenes de odio por homofobia en nuestro país, pero para la organización no gubernamental Letra S, México es el segundo país más letal para la comunidad de la diversidad sexual en Latinoamérica, tan solo en los últimos 5 años, al menos 441 personas de la comunidad LGBT+ fueron víctimas por homofobia.

Se estima que por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian. “Es así como México se afianza como el segundo país con mayor índice de crímenes por homofobia —sólo superado por Brasil—, según el Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México”.

El 2019 fue el año más violento del quinquenio, con un aumento de 27 por ciento con respecto a la cifra del año anterior y se colocó por encima del promedio de 88 homicidios de personas LGBT al año en ese periodo de tiempo, lo que confirma la tendencia ascendente de este tipo de violencia extrema motivada por el prejuicio hacia las diversidades sexuales y a las identidades de género.

Por tal motivo, presenté una iniciativa para tipificar el homicidio debido a discriminación por orientación sexual, identidad, expresión de género o características sexuales, y castigar este delito hasta con 60 años de cárcel.

Además, la población LGBT+ encuentra dificultades para poder disfrutar de los derechos humanos que consagran instrumentos internacionales, marcos legales y protocolos de acción. Resulta increíble que en la actualidad todavía vean coartada su libertad para expresar su identidad de género por los propios gobiernos que deberían protegerla.

La reforma que propongo contempla adicionar un nuevo capítulo en el Código Penal Federal para atender específicamente estos crímenes de odio, bajo una perspectiva y estructura legal más sólida, lo que permitirá visibilizar los asesinatos de la población LGBT+, además de que limita la inclusión de prejuicios y estereotipos de los operadores de justicia encargados de investigar y sancionar este tipo de homicidios.

La iniciativa señala que el servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente, o por negligencia, la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años, además será destituido e inhabilitado de tres a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Ejemplo de lo anterior lo tenemos en Chechenia, donde existe una campaña patrocinada por el Estado que ha dado lugar a agresiones contra hombres gays, algunos de los cuales fueron secuestrados, torturados e, incluso, asesinados. Por su parte, en Bangladesh, grupos armados han asesinado de forma cruel e inhumana a diversos activistas y miembros de la comunidad, ni la policía ni el gobierno han tomado medidas para impartir justicia a las familias de las víctimas. En muchas partes de África subsahariana, la población LGBT+ vive con el temor de ser identificada, y agredida por ello, o incluso asesinada.

También propuse reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de que no se conceda libertad preparatoria a quien cometa este tipo de crimen y que se faculte a la FGR para crear una Comisión Especial que investigue este tipo de homicidios, se requiere que esta problemática se aborde de manera transversal, por lo que se necesita del trabajo especializado de las autoridades.