Ya aparecieron los primeros defensores de oficio de los exfuncionarios calderonistas implicados en la denuncia pública de Talía Vázquez Alatorre.
Sin embargo, su pretensión de que este asunto sea visto como un conflicto de carácter familiar, o mercantil, en nada ayuda a los presuntos implicados en la denuncia.
El centro de la litis no son los conflictos entre Iván Peña Neder y Talía Vázquez, sino las responsabilidades por las que podrían haber sido acusados los denunciados por la comisión de probables delitos, como el de tráfico de influencias.
Lo cierto es que se elude entrar al análisis de hechos que resultan ser incontrovertibles.
Hechos como el que durante el gobierno de Felipe Calderón se cometieron gravísimas irregularidades en el otorgamiento de permisos para el funcionamiento de casinos.
Que con documentos oficiales se acredita que en la Segob fueron expedidos permisos en forma irregular para casinos entre las 11 de la noche del 30 de noviembre, y las 3 de la mañana del primero de diciembre del 2012.
Que uno de los permisos otorgados fue a favor de uno de los socios del trágico casino Royale.
Que Peña Neder fue coordinador de asesores de la Subsecretaria de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón.
Que es del dominio público que Iván Peña Neder está relacionado con el Casino Royale.
Que Talía Vázquez Alatorre exhibió documentación que por lo menos constituye indicios que requieren ser investigados.
Que los motivos que pudieran haber animado a Vázquez Alatorre a denunciar, hayan sido los que hubiesen sido, no tendrían por qué desvirtuar los hechos denunciados.
Que el hecho de que uno de los testigos del proceso penal que se sigue en contra Peña Neder se haya retractado de sus declaraciones, no exonera en automático al procesado por las responsabilidades que se le imputan.
Y mucho menos de las que pudieran resultarle al senador Roberto Gil Zuarth, a Julio Esponda, o a cualquier otro señalado en el otorgamiento irregular de permisos o tráfico de influencias, si es que las autoridades competentes llegaran a determinarlas.
“Haiga sido como haiga sido”, es evidente que se otorgaron esos permisos en forma irregular en el sexenio pasado.
Es necesario que el gobierno federal investigue esta situación, y sancione a los responsables.
¡Qué diferencia!
Quizá como en ningún otro momento de lo que va del sexenio se había visto a Peña Nieto tan sensible como se le vio ayer en la presentación de la Ley General de Víctimas.
Las actitudes y los discursos fueron de alto contraste, si se les compara con lo que solía decir Felipe Calderón.
Y es que para Calderón las víctimas de su guerra no eran más que daños colaterales. Eran el precio que se tenía que pagar si se quería la seguridad, según el michoacano.
En cambio, desde el primer día de su gobierno Enrique Peña Nieto anunció que estaría a favor de la Paz. Ayer declaró estar del lado de las víctimas.
Para quienes les asombra que el Estado se haga cargo de los padecimientos de la guerra de Calderón, con los impuestos de todos, habrá que recordarles que la primerísima obligación del Estado es garantizar la seguridad de todos.
Por eso, a Felipe Calderón la Cámara de Diputados le autorizó todo el dinero que pidió –que son los impuestos de todos–, para financiar una guerra que en lugar de darnos seguridad, victimizó a cientos de miles de mexicanos.
