Dentro de las amplísimas facultades que a través de un decreto se le confieren al comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral, Alfredo Castillo Cervantes, en ninguna de ellas se señala que el nuevo comisionado esté facultado para influir y mucho menos para decidir la remoción o el nombramiento de los titulares de la Procuraduría estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán.
Mucho menos, que el nuevo comisionado esté facultado para tener bajo su mando a los funcionarios estatales o municipales.
De ahí que no dejan de sorprender las declaraciones de Alfredo Castillo, quien a pesar de ser licenciado en derecho, en diversas entrevistas se haya referido a la “dolorosa cesión” de facultades estatales en su favor, y de que el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, deberá remover al actual procurador para designar en su lugar a quien esté “alineado” con el nuevo comisionado.
Hasta donde nos quedamos, creíamos que en el mejor de los casos las leyes previenen de la celebración de convenios de coordinación entre el Gobierno Federal y los gobiernos de los estados, que en la mayoría de los casos tendrían que ser sancionados por las legislaturas locales.
¿Un nuevo Michoacanazo?
Para nuestra sorpresa, y como si todavía gobernara Felipe Calderón, el secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, hizo ayer dos inusuales anuncios:
En el primero dio a conocer el levantón de 308 policías de 20 municipios michoacanos, que fueron trasladados “voluntariamente” a fuerza al estado de Tlaxcala para ser sometidos a una supuesta evaluación y a una supuesta capacitación en un campo militar.
Aunque los familiares de los policías michoacanos protestaron y hasta intentaron oponerse, los policías no tuvieron otra más que la de subirse a los autobuses, que se los llevaron a Tlaxcala.
Acto seguido, como en los tiempos de Genaro García Luna, la Policía Federal asumió las funciones de la Policía Municipal.
El segundo anuncio del nuevo vocero fue la detención de un presunto delincuente que al momento de su detención, supuestamente intentó sobornar a sus captores con 500 mil pesos, y que además confesó que había sido uno de los que quemaron los comercios de Michoacán.
El magistrado y su hermano
En los próximos días le caerá otra papa caliente al Consejo de la Judicatura Federal, que encabeza el ministro Juan N. Silva Meza.
El Municipio de San Pedro Garza García está en vías de presentar una queja ante la CJF en contra de Hugo Alejandro Bermúdez, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en Nuevo León.
Lo que pasa es que este magistrado federal se le ha pasado otorgando resoluciones a favor de desarrolladores que curiosamente son asesorados legalmente por su hermano, que es abogado.
El magistrado estaba obligado a declararse impedido para conocer estos casos.
A ver si los ministros ahora sí se deciden a castigar este tipo de conductas y no solaparlas, como ha ocurrido en el caso del juez casinero Luis Armando Jerezano.
