Miles de familias sufren ante la desaparición de sus seres queridos al no tener respuesta y a la falta de empatía por parte de las instancias gubernamentales. No se trata solo de números fríos, cada caso representa una tragedia, la angustia de no saber dónde y cómo están, de mantener la esperanza de encontrarlos y de emprender su búsqueda con sus escasos recursos.
La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas reportó en enero, que se tienen registradas 61 mil 637 personas desaparecidas, de las cuales, 5 mil 184 ocurrieron de diciembre de 2018 a diciembre de 2019; y a las que se suman 3 mil 638, que fueron localizadas; y a 342 que se encontraron sin vida, lo que suma 9 mil 164 denuncias.
A más de un año de este gobierno, el número de personas desaparecidas incrementó en 8.4 por ciento. Especialistas, colectivos de víctimas y organizaciones como Data Cívica, han señalado que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, presenta inconsistencias, por lo que las cifras no son confiables y quizá sean mayores.
Durante su campaña, y posteriormente, en los Diálogos por la Paz, la Verdad y la Justicia, el presidente se comprometió a dar respuesta y a trabajar junto con organismos internacionales en la búsqueda de personas desaparecidas, que en la mayoría se trata de desapariciones forzadas o por la delincuencia organizada.
Hasta ahora el gobierno se ha mostrado ajeno al dolor de los padres y de sus demandas de justicia, obligándolos a arriesgar sus vidas excavando fosas clandestinas, por la incapacidad y abandono gubernamental.
Hoy vemos con preocupación que ante la grave crisis humanitaria, la respuesta del Gobierno federal ha sido el desmantelamiento de las instituciones responsables de la defensa de los derechos humanos, bajo el argumento de la austeridad republicana. Esa que muestra que lo único importante, es ahorrar a costa de lo que sea.
Sumado a la imposición de incondicionales al frente de los principales organismos en la materia y al desdén de las familias de las víctimas, a quienes se les niegan apoyos, e incluso, se les cierran los espacios de diálogo. De ahí el plantón en Palacio Nacional, que tenía como premisa, la renuncia de la entonces titular de la CEAV, quien llegó a comentar que “todo mundo piensa que somos la lotería y de aquí salen premios”.
De gira por Veracruz, colectivos de víctimas trataron de interceptar al mandatario federal para hablar de sus demandas, pero éste se escabulló, provocando reclamos por aquel saludo a la mamá de “El Chapo” Guzmán, a lo que respondió que fue por la sana distancia obligada por la pandemia de COVID-19.
Meses atrás, descalificó la Caminata por la Paz encabezada por Javier Sicilia y Julián Le Barón, quienes acompañados de víctimas de la delincuencia organizada, de los papás de niños con cáncer y de personas desaparecidas, solicitaron un encuentro privado con el presidente, que se les negó.
Cierto es que este gobierno no es responsable de miles de desaparecidos, pero sí lo es, de evitar que esta tragedia continúe al alza; de que sean ignorados los familiares de los desparecidos; del desprecio a su dolor; de no mitigar sus reclamos de justicia, y de la destrucción de la instancia que los acompaña en su sufrimiento.
