Menos de 24 horas después de que el pueblo mexicano rindiera un sentido homenaje al escritor y periodista Gabriel García Márquez en el Palacio de Bellas Artes, otro movimiento, igual de espontáneo, surge en el corazón político y cultural del país.
Esta movilización tiene que ver con la defensa del derecho a la libertad de expresión y de opinión en medios de comunicación, valores que han costado sangre, sudor y lágrimas –sin exagerar– a la humanidad, y particularmente a México.
Se trata de la movilización a la que activistas de redes sociales convocaron ayer para marchar del Ángel de la Independencia hacia el Senado. La razón, protestar contra la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Más allá de lanzarnos enfurecidos contra la propuesta enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, resulta conveniente y congruente con la era post-Gabo que vivimos, informarnos de qué va dicha iniciativa.
1) Las autoridades encargadas de la seguridad pública nacional, y las encargadas de la procuración de justicia, es decir el Procurador General de la República, procuradores estatales o cualquier agente del Ministerio Público podrán intervenir las distintas telecomunicaciones en tiempo real, mismas que estén relacionadas con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.
2) No será necesaria solicitud de un juez para realizar dicha intervención, basta con que alguna de las autoridades antes mencionadas asegure que la solicitud es parte de una investigación relacionada con los temas expuestos.
3) En el artículo 192 se propone que los concesionarios de telecomunicaciones estén obligados a conservar un registro y control de las conversaciones que se realicen desde cualquier dispositivo, bajo cualquier modalidad, para verificar datos del usuario como nombre, domicilio, tipo de comunicación, servicio, origen, destino, duración y ubicación geográfica del aparato.
4) El artículo 193 contempla que los concesionarios estarían obligados a conservar y almacenar los datos a los que se refiere la ley, sin prejuicio de lo ya establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares.
Estos cuatro puntos son suficientes no solo para revisar, sino para echar atrás cualquier intento de iniciativa que a todas luces intenta, con el parapeto de combate a la delincuencia organizada, coartar la libertad de expresión y comunicación de cualquier ciudadano.
Y es que ¿quién nos asegura que nuestra gloriosa clase política no se verá tentada a abusar de sus atribuciones en favor de algún grupo del crimen organizado? ¿Cómo confiar en el sistema de procuración de justicia? ¿De qué forma podríamos protegernos los ciudadanos en contra de autoridades y criminales coludidos para acceder a nuestra información personal, privada y delicada?
No es cosa fácil en un país en el que administración tras administración, sea priista o panista, nos percatamos de la capacidad de filtración que muestran autoridades de cualquier nivel.
Por ello, la marcha convocada ayer y sus distintas réplicas a las que están llamadas otras ciudades del país en los próximos días, son la respuesta natural a una necesidad de cuestionar y dialogar sobre un asunto que, si se deja a la deriva, podría dejar a la ciudadanía “desnuda” en momentos en los que estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas son focos evidentes del violento empoderamiento del dúo conformado por gobierno y crimen organizado.
En palabras del recién desaparecido García Márquez, sería la pérdida de nuestra libertad en tiempos de cólera.