Como lo había comentado la semana pasada en “Copelas o cuello”, en el mundo cada vez hay mayores restricciones de libre tránsito para quienes estén sin vacunarse, y esta semana, desde Palacio Nacional, el ejecutivo en turno anunció que en México no se llegarán a medidas tan extremas.
Sin embargo, en Mazatlán, Sinaloa, ya se exige el ahora “certificado de vacunación” o una prueba negativa de COVID para entrar a establecimientos de ocio y entretenimiento; lo mismo ocurre en Cajeme, Sonora, para acudir a los casinos y en Cancún, Quintana Roo, para el acceso a los hoteles, plazas comerciales y demás lugares públicos.
Pero aquí también hay que poner lupa especial, esta municipalidad del Caribe EXIGE que el personal que trabaje en el sector turístico debe forzosamente estar vacunado y cada tercer día presentar una prueba negativa.
Esto, damas y caballeros, se llama DISCRIMINACIÓN, y es lo que con tanto horror se pronosticaba en la anterior columna, porque nadie debe atentar contra las decisiones del individuo y, por supuesto, contra el libre Estado de Derecho ya expresado por el presidente.
Quienes amenazan a seguir en este tenor son los del estado de Hidalgo y Coahuila, quienes ya analizan la posibilidad de implementar el certificado, ¿qué otras entidades se sumarán para la siguiente semana?
Y ante todo esto, ¿qué tienen que decir el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Dejarán que se violen los derechos de la ciudadanía?
Esta constante presión social, mediática y en cierta proporción gubernamental, bien podría analizarse por despachos jurídicos para ejercer amparos colectivos para todos estos ciudadanos que se sienten amedrentados, porque esto sólo es el inicio de un nuevo episodio pandémico.
Falta ver qué empresa privada en México da el primer paso de querer anunciar que la vacuna es OBLIGATORIA entre sus empleados, situación que ya sucede en lo oscurito entre el sector de la función pública.
Estados Unidos ya está poniendo el ejemplo, la empresa de alimentos Tyson fue la primera en anunciar este rigor extremo entre sus trabajadores, y Joe Biden presiona cada vez más para que esto suceda en los burócratas del Estado. Dicho sea de paso, Nueva York es la primera ciudad en blindarse con el certificado para acceso a comercios.
Y bueno, supongamos, quienes deseen sacar el certificado ¿Qué pasa con quienes se vacunaron en el extranjero o con quienes lo hicieron en una fase temprana o, incluso, con el privilegio de estar cerquita de trabajar para el Gobierno Federal? Porque no nos hagamos de la vista gorda, esto sucedió en múltiples esferas del país, y ¿cuántos no tienen el amigo o familiar que cruzó a la Unión Americana por su vaccine?
Discriminación se escribe con “D” de Delta, continuará.
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