Como suele suceder en estos casos, la salida de Janine Otálora vino acompañada de otros ajustes y salidas al interior del Tribunal. Todo apunta a que estos movimientos (comenzando por el relevo en la presidencia) ya estaban negociados. Una salida en buenos términos fue la de Marco Zavala Arredondo, Coordinador de Asesores de la Presidencia del TEPJF y exmagistrado de la Sala Regional Monterrey, quien está por unirse al equipo del Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Bonilla, como él mismo dio a conocer en una reunión esta semana. Pero hay de salidas a salidas, y quien no pudo tener una nueva oportunidad en este reacomodo, fue el hoy excoordinador general de comunicación social, Julián Andrade Jardí, de quien se dice, nunca obtuvo la confianza plena de las y los magistrados electorales y que tampoco pudo encontrar su lugar. Prueba de ello es que rara vez participaba en alguna reunión de trabajo. Sus cercanos cuentan que se le oía platicar, con melancolía, anécdotas de sus tiempos con “El Jefe Mancera”.
En la mira exfuncionario de Sectur
Nos comentan que quien podría estar en la mira del nuevo Gobierno federal es el extitular del Consejo de Promoción Turística Rodolfo López Negrete, quien dejó el cargo en junio de 2016, hace 2 años y medio. Negrete no fue un funcionario nombrado por Enrique PeñaNieto, sino que fue una ‘herencia’ del sexenio de Felipe Calderón, y sin embargo sobrevivió más de la mitad del sexenio del mexiquense. Desde su salida ya se comentaba la posibilidad de que bien valdría la pena revisar algunos manejos poco transparentes durante su gestión, aunque todo quedó ahí. Sin embargo, la nueva administración federal podría llamar a cuentas a López Negrete para explicar algunos contratos millonarios entregados de forma directa a algunas agencias de publicidad durante su etapa en el Consejo. Atentos
Austeridad le pega al INEGI
Producto de los recortes presupuestarios, el INEGI informó que dejará de realizar 14 encuestas, debido a que los recursos asignados para el presente ejercicio fiscal no serán suficientes para llevar a cabo la operación necesaria. Se trata sin duda de un asunto grave, pues entre los proyectos cancelados hay algunos como la Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas, la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil y la Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia. ¿Acaso el Gobierno no considerará estas mediciones como fundamentales para la planeación de sus políticas públicas en temas tan importantes como derechos de la niñez, prevención de adicciones o de combate a la delincuencia? Si no es así, debería.
