¿No es mucha casualidad que justamente cuando el gobierno del presidente Peña Nieto empezó a cacarear sus logros concretos en materia de seguridad, casi al mismo tiempo empezaron a suceder hechos violentos en diversas partes del país?
Y es que cuando no se ha cumplido la semana de la ejecución del diputado federal priista Gabriel Gómez Michel, el fin de semana pasado asesinaron al secretario del PAN de Guerrero, Braulio Zaragoza Maganda en Acapulco, Guerrero.
Por otra parte, el fin de semana pasado también la policía municipal de Iguala junto con una banda de criminales, supuestamente habrían asesinado de cinco personas, dos de las cuales eran estudiantes normalistas.
Para acabarla de amolar, una manifestación fue dispersada ayer con ametralladores en Purépero, Michoacán. Los agresores supuestamente son policías municipales.
Y eso sin contar que está claro que en la última semana se intensificó el escándalo Tlatlaya en el que presuntamente elementos del Ejército Mexicano habrían fusilado a 22 personas el pasado mes de julio.
¿Plan con maña?
Si resulta que los muertos de Tlatlaya fueron fusilados, como parece ser según los análisis de las fotografías que ya empiezan a circular, la Procuraduría General de la República seguramente debe estar investigando a toda velocidad:
¿Quién fue el mando que dio la orden?
¿Por qué razón decidió ordenar el crimen?
¿Por qué los ejecutores obedecieron lo que a todas luces sería un grave ilícito?
Y sobre todo, ¿por qué los presuntos criminales permitieron que se hicieran las fotografías que han empezado a circular?
¿En dónde se ha visto que los criminales en lugar de desaparecer toda evidencia que los pueda comprometer, le permitan a un fotógrafo hacer fotografías de sus fechorías?
Concurrencia inconveniente
Si bien es cierto que la Procuraduría de Justicia Militar pudiera tener una competencia concurrente con la Procuraduría General de la República para investigar, y en su caso fincar responsabilidades penales, a los ocho elementos del Ejército involucrados en lo de Tlatlaya, en estos momentos pudiera ser lo más prudente que la PGR se encargara del caso, como dijo el presidente Peña Nieto.
Y es que resulta “sospechosista” que sea la Procuraduría Militar la que se encargue de investigar a los ocho militares detenidos.
Total si el comandante supremo del Ejército ya dijo que la autoridad responsable del asunto debe ser la PGR, la Sedena debería entregar a los ocho detenidos al Ministerio Público Federal.
Además con esto se acabarían los señalamientos que el diputado Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD, anda haciendo al respecto.
