La cancelación de los registros a algunos candidatos de Morena. como lo ha resuelto el Instituto Nacional Electoral y que confirmó el Tribunal Electoral. es resultado del incumplimiento de la ley, pero también del reclamo social que no tiene que ver solamente con una entidad federativa, esto no se trataba solo de Guerrero.
En un país como México, en donde son asesinadas más de 11 mujeres al día por razones de género, no hay cabida para candidatos que ejerzan violencia hacia las mujeres, del partido que sean; sin embargo, es aún más lamentable que pertenezcan al partido del Gobierno
Ante cualquier caso en donde un candidato es acusado de violación, es necesaria una definición clara, una investigación objetiva que sancione al responsable o, en su caso, que se haga la declaración de inocencia pertinente; pero, sobre todo, que las víctimas tengan una adecuada reparación del daño.
México vive una etapa política muy complicada en donde, desde manoseadores hasta presuntos violadores de mujeres y niños, aspiran a cargos públicos. Eso como sociedad no lo debemos permitir. Es necesario que se haga justicia, sin importar quién sea el agresor o qué partido político lo respalde.
Morena y este Gobierno deben aceptar que los tiempos han cambiado y hoy somos nosotras, las mujeres, quienes definimos por número en las elecciones quién se queda y quién se va.
Somos más de la mitad de la población, pagamos impuestos, trabajamos y no es posible que el Gobierno, con su mayoría aplastante, nos dé la espalda y proteja a presuntos violadores.
Ni la mayoría que tienen en el legislativo, ni su búsqueda por concentrar todo el poder posible al destruir a las instituciones les da derecho a quebrantar la ley.
No necesitamos un Gobierno que solape a violadores, manoseadores o candidatos que no cumplen con la ley. López Obrador debe conducirse como jefe de Estado, no como jefe de su partido.
Es vital que se trabaje por un país más seguro para todas y todos, e igual de importante que el partido del régimen entienda que México no es un paraíso de agresores sexuales ni hay lugar para ellos en el servicio público. El lugar de cualquier violador es la cárcel, no el poder.
