Por primera vez en la historia del Legislativo, el Poder Judicial, a través del Tribunal Electoral, intervino en las decisiones internas del Congreso de la Unión al ordenarle establecer una normativa para incluir al Grupo Plural y a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente. Y aunque hubo acusaciones de afectar la división de Poderes y las competencias de cada uno, lo cierto es que son bien conocidas las omisiones que realiza el Congreso a los mandatos del Poder Judicial, incluidas las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para muestra, un botón, desde 2018 el Legislativo no ha podido regular el uso de la cannabis pese a que la SCJN declaró que la prohibición absoluta de la planta es inconstitucional porque atenta en contra del libre desarrollo de la personalidad.
Versiones a modo
Nos hacen ver que las quejas de algunos militantes y exasperantes de Morena a una candidatura respecto a la no entrega de la información sobre las encuestas internas, además de no estar fundadas, resultan sospechosas a estas “alturas del partido”. Hay que recordar que, tan solo para la definición de las candidaturas a gubernaturas, la dirigencia nacional se reunió con los aspirantes previo a dar a conocer los ejercicios, además de que los videos en donde se detalló cada una de las encuestas siguen públicos por consulta, e inclusive los documentos se compartieron en distintos grupos de la prensa que cubre a Morena y entre los equipos de los aspirantes. Entonces pues sí había forma de que se consultara lo deseado. ¿Cuál es la intención de cuestionar un proceso en el que hubo acuerdos y lineamientos para todos?
Secuelas de la división
Después de que al menos 29 senadores externaron su negativa a que la Comisión Especial senatorial para investigar probables abusos de autoridad en Veracruz desaparezca, en aparente coordinación con actores políticos externos al Senado ya se empiezan a vislumbrar algunas secuelas. Esta posible división de los legisladores de Morena dejaría, en principio, en desamparo a quienes han denunciado abusos en la entidad. ¿Qué intereses podrían tener algunos legisladores más que cuestionados, como Napoleón Gómez Urrutia, para subirse a esta pugna?
