Ya no son solo los gobernadores de la Alianza Federalista quienes han pedido al Gobierno federal que retire del programa de vacunación a los servidores de la nación. Nos comentan que algunos gobernadores de las entidades en donde ya se comenzará a aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a adultos mayores ya han dejado entrever su molestia por la participación de estos funcionarios federales durante la aplicación de la primera dosis en sus estados, no tanto por el tema político electoral, sino porque consideran que han entorpecido el proceso. Nos comentan que habrá cambios notorios en la segunda fase en algunas entidades, aquellas en que los Gobiernos estatales tomaron el control de la organización.
Contrarrestar la violencia
Ante el inminente inicio de las campañas en la mayoría de las entidades del país, la principal preocupación para las autoridades, tanto a nivel federal como estatal, es la violencia que se ha registrado en las últimas semanas, y que ha llegado hasta el asesinato de candidatos, además de agresiones que han estado a punto de salir de control en estados donde ya iniciaron las campañas. Nos comentan que en los próximos días, funcionarios de las secretarías de seguridad, federal y estatales, podrían reunirse con representantes de los partidos para reforzar la estrategia con el objetivo de prevenir, proteger y sancionar los casos de amenazas y de violencias contra candidatas y candidatos a los distintos cargos de elección popular, presentada por la secretaria Rosa Icela Rodríguez hace dos semanas. El tema de la seguridad e integridad de los actores de este proceso electoral es prioridad.
Corta memoria
Tras lo que se percibe como una ofensiva de Morena hacia el Instituto Nacional Electoral, partidos como el PRI o el PAN se sumaron a la defensa de los consejeros electorales y a la autonomía de las decisiones del INE, acción que se agradece. Lo que sí llama la atención es que estos mismos partidos, en pasados procesos electorales, sobre todo a nivel local, suelen cuestionar la actuación de la autoridad electoral, impugnan sus decisiones y han convertido en una constante la búsqueda de mecanismos para burlar la fiscalización de INE. ¿O el llamado a respetar al árbitro también es para ellos?
