A muchos les parecen muchos días los que han pasado en estas semanas desde la desaparición de los 43 normalistas de Guerrero, y tienen razón.
Sin embargo, lo que parece una sinrazón es que nadie haya alzado su voz por más de 20 mil personas que desaparecieron en el sexenio de Felipe Calderón.
Lo cierto es que la inseguridad no comenzó hace un mes. Lo de las muertes y desapariciones empezó con la guerra de Calderón.
Y si hemos de ser objetivos, si bien es cierto que en este sexenio no se ha logrado a resolver el problemón que se inició con Calderón, también es cierto que los índices de criminalidad e inseguridad han bajado sustancialmente en los casi 3 años que van del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Que no se nos nuble la visión. 43 personas desaparecidas son muchas, pero son menos que las 20 mil de Calderón, por las que nadie se preocupa.
Políticamente correcto
Ciertamente es políticamente correcto que el presidente Peña Nieto haya prestado atención a las peticiones de algunos políticos y empresarios para celebrar un pacto por la seguridad, pero de ahí a suponer que por la celebración de un acuerdo habrán de desaparecer los delincuentes que quieren secuestrar a México, hay un abismo de distancia.
Desde que nació el Estado Mexicano, y sin necesidad de pactos, todo mundo está de acuerdo en que se debe combatir al delincuente, y que el monopolio de la fuerza pública debe de estar en manos del Estado.
El reto, en todo caso, es hacer que las policías de los tres órdenes de gobierno funcionen adecuadamente.
En el caso de los normalistas lo que habría que ver es por qué razón los responsables de la Policía Federal, con todo y la tecnología que tienen, no han podido dar ni con los estudiantes, ni con los responsables.
Si los jefes de las policías no pueden, habrá que cambiar a los jefes policiacos.
Prohíben consultar a la gente
Probablemente los 11 ministros, menos uno, que integran la Suprema Corte de Justicia, creen que los únicos que deben ser consultados son ellos, como si la decisión del presidente que los postuló para que fueran ministros, los convirtió en un infalible oráculo.
Alguien les debería decir que la Constitución establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y no en los 11 ministros que integran la Suprema Corte.
