El día de ayer, diversos funcionarios de la administración pública federal anunciaron que México entró a la Fase 2 de la contingencia por el coronavirus Covid-19, es decir, los contagios se están dando de manera local. En esa misma conferencia de prensa, se enlistaron diversas acciones que se realizarán desde las secretarías de Marina y de Defensa Nacional, así como las secretarías de Salud y de Hacienda, sin embargo, en ningún momento, se establecieron medidas o programas de mitigación económica para disminuir y contener el impacto que pueda ocasionar la emergencia sanitaria en la economía de las familias mexicanas.
Si bien es cierto, el titular del Ejecutivo federal indicó que se darán créditos a un millón de pequeños negocios que resulten afectados por la crisis económica, también lo es que, no anunció cuándo se llevará a cabo esta recuperación económica ni los recursos destinados para tal proyecto.
Si el Gobierno federal tuviera la intensión de realizar un verdadero programa de mitigación, podría utilizar tres fuentes de financiamiento para este fin: el 50 por ciento del balance primario, el remanente del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y el subejercicio 2019 de la administración pública centralizada.
Los beneficios de este esquema de financiamiento son diversos, ya que se podrían utilizar los recursos públicos en áreas de oportunidad, no se afectan objetivos y metas de programas en curso, no se incrementa la deuda pública, no se impacta en las finanzas públicas y se toman medidas precautorias para mitigar los efectos negativos del impacto económico y social de la pandemia del coronavirus Covid-19, en el consumo, producción y empleo de la población mexicana.
Un programa de mitigación económica permitiría que toda la población mexicana disponga de una renta universal básica por el tiempo que dure la contingencia sanitaria y, con ello, cubrir los gastos esenciales de alimentación y vivienda, y no estar sujetos a programas sociales clientelares que esta administración ha implementado. No se trata de agotar el erario público, sino de aprovechar los recursos remanentes de subejercicios o fondos preexistentes para un fin solidario y que apoye al bienestar de todas las familias mexicanas.
Si en realidad el Ejecutivo federal está previendo una medida económica, ésta debe ser de prevención y no de recuperación. Ojalá se tenga visión para apoyar a las familias mexicanas y no pensar en términos electoreros.
