Las organizaciones sociales a favor de los derechos de la niñez en el país han señalado correctamente que el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de México (SIPINNA), no puede desaparecer porque no es un órgano autónomo ni una dependencia, sino un sistema nacional que atiende de manera colegiada a las niñas, niños y adolescentes, pero sobre todo, que garantiza que los menores son sujetos con derechos y no un apéndice poblacional.
Sostienen que de aprobarse la reforma que pretende su desaparición sería un retroceso al trabajo realizado a favor del interés superior de la niñez, vulnera acuerdos internacionales, pero particularmente, deja sin voz a los de los 40 millones de infantes que viven en México.
Magdalena de Luna Flores, del Pacto por la Primera Infancia, asienta que desaparecer el Sistema es un “gran retroceso” para la niñez; y que es importante distinguir, sin demeritar al DIF, que éste se encarga de asistir a la población vulnerable, pero no atiende a todo el universo que conforman las niñas, niños y adolescente; además de que no tiene las facultades para incidir ni vincular otras dependencias, a los 32 gobiernos estatales, órganos autónomos, los tres Poderes, como lo señala el Sistema.
“El DIF responde a una Ley de Asistencia, el SIPINNA a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. El SIPINNA no es un órgano autónomo, es un sistema que el mismo presidente preside. El trabajo de SIPINNA es garantizar y proteger los derechos de la infancia de manera coordinada, homologada y focalizada, por eso no se puede disolver. El Secretariado Ejecutivo del Sistema no tiene porque ser absorbido porque ya depende de la Secretaría de Gobernación”, expresó.
Tonatiuh Magos, de World Vision, agregó que desaparecer el SIPINNA es debilitar el Estado, es una discusión plagada de “sesgos y vacíos de información”, pues su presupuesto es menor. “El ahorro es ínfimo, se le va a destinar más al estadio de béisbol con 98 millones de pesos que a la Secretariado Ejecutivo que nos cuesta 54 millones de pesos. Quitarles a los menores el reconocimiento de sujetos de derechos va en contra de la transformación social que busca el presidente”, anotó.
Faviola Capetillo, también de World Vision, afirmó que el presupuesto que se le da a la niñez es obligatorio por parte del Estado, y lo que se les destina cada año al SIPINNA “es muy mínimo y los costos sociales serán más grandes si desaparece”; su compañero Malcom Aquiles añadió que es importante destacar que el SIPINNA ha ayudado a impulsar la escucha de la niñez como un derecho.
Urge escuchar estas voces y actuar en consecuencia para evitar el debilitamiento y destrucción, aún peor, de un andamiaje institucional cuyo propósito es salvaguardar el interés superior de la niñez. No hacerlo sería una tragedia incalculable. Insisto, es urgente construir y escucharnos. Hago un llamado a la Secretaría de Gobernación que conoce el mandato de SIPINNA, y del deber que como Estado mexicano tenemos para defenderlo y fortalecerlo, más no para destruirlo.
