Tuvieron que pasar casi 10 años para que nos enteráramos que otro de los copartícipes en el complot en contra de Andrés Manuel López Obrador, fue su correligionario Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Y es que más allá de que Federico Doring pueda probar su dicho, su señalamiento contra Cuauthémoc Cárdenas y Rosario Robles tiene sentido a la luz de las circunstancias que se vivían en el año 2004.
Para empezar, habría que recordar que en aquellos tiempos no existía ninguna duda de que el puntero de las encuestas, y por mucho, era el jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador.
Que dada esa circunstancia, para Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, o para cualquier otro que quisiera ser el candidato del PRD en las elecciones del 2006, se hacía necesario sacar de la jugada a Andrés Manuel López Obrador.
Que en el año 2004 Cuauhtémoc Cárdenas tenía la intención, si no es que hasta la obsesión, de ser el candidato del PRD por tercera vez.
Por otra parte, no era ningún secreto para nadie que la relación entre López Obrador y la entonces presidenta del PRD, Rosario Robles, era mucho peor que la que llegaron a tener Felipe Calderón y Vicente Fox.
Y finalmente que para el 2004, el expresidente Carlos Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas, tenían una relación de valores entendidos a partir su negociación secreta de los resultados electorales de 1988.
Insisten en la extradición
No se necesita ser un genio para deducir que los que están financiando las marchas, en Sinaloa y en Durango, para supuestamente impedir la extradición de “El Chapo”, quieren todo lo contrario.
Y es que con tal de llevarse a “El Chapo” a Estados Unidos, primero intentaron chantajear al Gobierno Federal diciendo que la DEA tenía documentado que PRI y el presidente Peña Nieto habían dejado salir a Caro Quintero.
Como el gobierno no se dejó presionar por el chantaje, ahora tratan de pintar un escenario con marchas “ciudadanas” para dar la impresión de que todo el que no quiera que se extradite a Joaquín Guzmán Loera, es simpatizante del capo.
Las imputaciones del padre Goyo
No estaría mal que las autoridades eclesiásticas le dijeran al padre Gregorio López que para acreditar que son ciertas imputaciones tan graves como las que ha lanzado contra del alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez, se haría necesario tener al menos un pelo de la burra en la mano.
De otra suerte, el comisionado Alfredo Castillo seguirá diciendo, con toda razón, que las acusaciones son producto de un pleito personal entre el sacerdote católico, y el alcalde.
