En lo que llevamos de esta pandemia, y son cifras oficiales de la Secretaría de Salud, cerca de 70 mil niñas, niños y adolescentes, entre cero y 17 años de edad han padecido COVID-19; y han fallecido cerca de 700 por dicha enfermedad.
La cifra mayor de contagios se dio justo el pasado mes de agosto, con cerca de más de ocho mil casos de niñas, niños y adolescentes contagiados, los mayores índices en lo que llevamos de esta pandemia.
Por lo que, no considerar a esta población en el Programa Nacional de Vacunación contra el virus del SARS-CoV-2, no solamente es trágico, sino también criminal, porque las niñas, niños y adolescentes sí se contagian, y sí mueren por esta causa.
Es absurdo y criminal señalar que “por cada dosis que se desvía a niños y niñas a través de los amparos, se le quita la oportunidad (de vacunarse) a una persona que tiene un riesgo mayor”, como lo dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.
Las niñas, niños y adolescentes no deberían ampararse para hacer efectivo su derecho a vacunarse ni para contar con medicinas, porque la Constitución garantiza el derecho a la salud sin distingos de edades.
El odio ha creado muchos problemas, pero no ha resuelto ninguno.
Quiero destacar que en Chile, el Ministerio de Salud aprobó la vacunación para niñas y niños mayores de seis años, al igual que en otras naciones, de ahí que no se entienda por qué en México persiste la negativa a hacer lo mismo.
Es urgente considerar a la población infantil en el Plan Nacional de Vacunación. Hacerlo con protocolos, con apego a la ciencia y con gran responsabilidad.
Las niñas, niños y adolescentes no tienen partido, y se deben incluir con urgencia en el Programa Nacional de Vacunación, por lo menos, a partir de los seis años de edad.
No podemos entrar en un falso dilema, al decir que se deja de vacunar a un adulto para darle la dosis a un niño, lo que se debe y tiene que hacer es garantizar el derecho universal a la vacunación.
Es negligente y criminal negarles su derecho a ser inoculados, por ello es indispensable articular una estrategia de aplicación de biológicos sin distinción.
Los científicos han advertido de lo indispensable y seguro que es vacunar a los menores de 18 años, por lo que impedirles recibir la inmunización es ir en contra de su interés superior y de sus garantías individuales.
