Jorge Humberto López Portillo, acusado de desvíos millonarios en la empresa paraestatal Exportadora de Sal, anda metido en severos líos. Además de enfrentar el proceso de expulsión de las filas del PRI, en los pasillos de la PGR cuando mencionan su nombre sólo mueven la cabeza para lamentar el caso. El lamento es porque no hay nada con qué ayudarle, nada. Y es que según nos cuentan las cosas sí se le van a poner difíciles al exfuncionario y todo indica que lo más probable es que no se libre del uniforme y el frío de un cuarto pequeño.
¿Se quiere quedar?
Desde julio pasado que en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) debió haber salido la convocatoria para la renovación de la dirigencia de esta central obrera, pero nomás no sale. Ya hay quienes se preguntan si la senadora priista, Cristina Díaz, se quiere quedar un rato más en el cargo o de plano se le olvidó que ya es hora de que llegue el sucesor o sucesora.
Control en la CEAV
En el Senado se sigue negociando el contenido de la Reforma a la Ley General de Víctimas y ayer mismo se hicieron algunos cambios.
La presión de la sociedad civil, cuya preocupación es que se corporativice a las víctimas -tipo CTM-, ha provocado que los legisladores hagan algunas modificaciones. Ahora, por ejemplo, propusieron que las víctimas puedan acercarse a la CEAV directamente, y que la Asamblea Consultiva de ciudadanos pueda recomendar reparaciones para algunos casos concretos. Pero la exigencia sigue siendo que se dé más autonomía a la CEAV; todo indica que el Ejecutivo no quiere soltar el control del organismo encargado de reparar el daño hecho por particulares o por representantes del propio Estado. Quiere ser juez y parte, pues.
