La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene varios motivos para mostrar preocupación por las personas con discapacidad en México.
En su informe sobre nuestro país, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU externa su inquietudes respecto a “(…) que buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad sean objeto de administración en un ente privado como Teletón”, señala el artículo 8 del apartado “Toma de conciencia” del documento, que incluye 67 recomendaciones al Gobierno Federal.
“Además, observa que dicha campaña promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad”.
Por ello, el Comité sugiere al gobierno mexicano que establezca “una distinción clara entre el carácter privado de las campañas Teletón y las obligaciones que el Estado debe acometer para la rehabilitación de las personas con discapacidad”.
“Asimismo, le recomienda desarrollar programas de toma de conciencia sobre las personas con discapacidad como titulares de derechos”.
Entre las recomendaciones que hace el Comité al Estado está “garantizar la consideración de los niños y niñas con discapacidad en la legislación, políticas y medidas dirigidas a la infancia del Estado parte bajo el principio de igualdad de condiciones con los demás niños y niñas e inclusión en la comunidad, prestando particular atención a quienes viven en zonas rurales y en comunidades indígenas”.
El informe, publicado este fin de semana, responde al análisis que un comité de expertos de la ONU, reunidos en Ginebra, Suiza, realizó sobre el país en materia de atención sanitaria a mediados del mes pasado.
Otra preocupación es la esterilización a personas con discapacidad “sin su consentimiento libre e informado”, una práctica que se lleva a cabo en instituciones como Casa Hogar Esperanza donde, según fue informado este Comité, “se recomiendan, autorizan o aplican esterilizaciones forzadas o realizadas bajo coerción a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad“.
Por ende, el Comité de expertos exhorta al Estado no solo a “iniciar procesos de investigación administrativa y penal a las autoridades judiciales y sanitarias e instituciones (…)” responsables de esta práctica forzada, sino también a garantizar “el acceso a la Justicia y reparaciones para las víctimas”.
El informe también destaca la preocupación del Comité por “el escaso acceso a la justicia de personas con discapacidad de comunidades indígenas, de mujeres y niñas con discapacidad, víctimas de violencia y abuso”.
A su vez, expertos piden al gobierno mexicano que “ponga fin al uso de medidas de coerción física y de aislamiento en instituciones de personas con discapacidad” intelectual o psicosocial. Y a que “elimine las medidas de seguridad que implican forzosamente tratamiento médico-psiquiátrico en internamiento y promueva alternativas que sean respetuosas de los artículos 14 y 19 de la Convención”. Situación que el Comité considera “alarmante”, pues estos actos de violaciones de derechos humanos incluso se pueden constituir en “actos de tortura y tratos cueles, inhumanos o degradantes”.
> Personas con discapacidad en México
Informe completo de la ONU