‘Tolerancia no es aceptación’

El paso de los años no ha conseguido detener la discriminación contra las personas por su orientación sexual. Aunque en algunos lugares existen reglamentos específicos para protegerlas, en la mayor parte del país siguen siendo víctimas de distinciones y discriminación.

Estados como Jalisco y Nuevo León, han estado en la mira de todos en los últimos meses por casos de discriminación en establecimientos comerciales de varios tipos. 

Después de vivir algunos meses en Monterrey, una joven de 26 años, que pidió mantener el anonimato, se mudó a Guadalajara. Acudió a un café de la “Zona Rosa” de la ciudad a pedir trabajo y estuvo a punto de obtenerlo, pero cuando le dijeron que el puesto podría ser suyo, este se condicionó a que se dejara crecer el cabello para “guardar las apariencias”. 

Ella es homosexual, como muchos de los clientes de ese café, según indicó. Y el gerente quiso ocultarlo pidiendo que eliminara un rasgo que consideró estereotípico de este grupo.

La joven no tardó en expresar su sorpresa, pues creyó que por tratarse esa zona de la ciudad, su apariencia –y su orientación sexual– no sería un problema para obtener empleo.

Lo que su interlocutor contestó ha dado vueltas en su mente desde entonces: “La zona rosa es la zona de tolerancia… y tolerancia no es lo mismo que aceptación”.

‘Aquí no pueden hacer eso’

La semana pasada Nueva Prensa, una revista estudiantil del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), publicó una nota en la que se contaba la historia de dos jóvenes que fueron expulsados del “Lobby”. 

Según el texto, empleados del antro regiomontano forzaron a los estudiantes a “pagar la cuenta y salir del lugar”. Cuando preguntaron la razón, la respuesta fue sencilla: “Se besaron y aquí no pueden hacer eso”.

El autor de la pieza, un amigo de los aludidos, menciona un detalle que llama la atención: “se habían besado, tal como las parejas heterosexuales que estaban en el mismo lugar (…) pero para ellos la posibilidad no estaba disponible”.

Cuando aparecieron las reclamaciones consecuentes en las redes sociales del establecimiento, las respuestas del personal del lugar fueron contradictorias.

En algunas publicaciones comentaron como si desconocieran el incidente: “¿A quién sacaron?”, y en otros citaron el artículo 13 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de San Pedro Garza García, municipio de la Zona Metropolitana de Monterrey en que se ubica el antro, aunque este se refiere a eventos de naturaleza pública.

En respuesta recibieron fragmentos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y el artículo 1º de la Constitución Política del Estado, que coincide con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y prohíbe, por lo tanto, la discriminación por preferencias sexuales, entre otras.

Sin embargo, Nuevo León “no cuenta con una ley específica sobre discriminación”, según la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

En esto es diferente, por ejemplo, a la capital del país, donde desde el 2011 se publicó la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, que prohíbe que se limite por cuestiones relativas al género (entre otras) el acceso a educación, trabajo o “lugares y servicios previstos para el público en general” en los que se incluyen restaurantes, hoteles, teatros y discotecas.

Además, desde el 2009, en el Distrito Federal es obligatorio que toda entidad exhiba en un lugar visible un letrero con la leyenda: “En este establecimiento no se discrimina por motivos de raza, religión, orientación sexual, condición física o socioeconómica ni por ningún otro motivo”.

‘Que se vayan a donde les corresponde’

Las opiniones sobre el caso del “Lobby” no fueron solo de apoyo a los jóvenes expulsados del lugar. Al cierre de esta edición, la historia original tenía decenas de comentarios, entre los que destacaba uno, escrito por alguien bajo el usuario “Saúl”.

“Para todo hay lugares y este no es un antro gay (…) así que deben de respetar al resto de la gente que puede estar ahí y no tolerar este comportamiento”. El cierre del comentario es tajante: “Ya era hora de que se pusiera un alto a toda esta gente y se vaya a los lugares que les corresponde (sic)”.

La observación final recuerda a algunas frases de George C. Wallace, quien fuera juez estadounidense y fuerte simpatizante de las políticas de segregación en Alabama.

Estas regulaciones exigían que hubiese secciones en restaurantes, transporte público y otros establecimientos que separaran a las personas afroamericanas de las de raza blanca.

La propuesta de “Saúl” es una muestra de la polarización que provoca el tema, pues no se limita a cuestionar el derecho de los homosexuales a demostrar su afecto en público, sino que sugiere que solamente socialicen en lugares designados como exclusivos, como los llamados antros gay.

Miembros de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI) recalcaron que en dichos establecimientos no se expulsa, ni critica, a las parejas heterosexuales que asisten.

“No es una guerra entre homosexuales y heterosexuales”, explica la joven cuya experiencia en Guadalajara abre este texto, “lo más ridículo es que se censure el amor”.

¿Qué hace más daño?

La muy mencionada historia de The Hills Institute, escuela que expulsó a una niña porque sus padres son dos hombres, fue el primer ejemplo en México sobre el poder de las redes sociales en casos similares.

Un fenómeno muy parecido a lo que sucedió en días pasados con el “Lobby”, las recomendaciones de usuarios en su página de Facebook se convirtieron en una serie de críticas y opiniones negativas. Y sus publicaciones quedaron marcadas invariablemente por algún comentario sobre discriminación.

Ideas de boicot, e incluso un plan hacer un flash mob afuera de la discoteca (acto en el que un grupo de personas interpretan un baile aparentemente espontáneo en un lugar público) abundan si se introducen sus nombres en buscadores.

La ironía de la situación es difícil de ignorar: por intentar proteger su imagen, esta terminada manchada.

Según una estudiante que ha vivido situaciones parecidas, el problema casi nunca es que haya una política “antihomosexual” en las empresas, en la mayor parte de los casos, son los empleados quienes, sin conocimiento de los patrones, provocan el problema.

“Cuando la queja llega hasta los dueños, en todas las ocasiones piden disculpas”, explica.

Por ello, sugiere que estos hagan un espacio para comunicarse con las personas a las que contratan y dejen en claro que en su negocio no se aplicarán políticas de este tipo.