El proceso electoral de 2021 será un parteaguas en la historia de las mexicanas. Por primera vez existen medidas establecidas para que más mujeres accedan a cargos de gubernatura, pero sobre todo, para que ningún hombre que ejerza violencia de género ocupe puestos de elección popular.

De respetarse, será un avance importante en la prevención y erradicación de la violencia de género en México, un país donde tan solo de enero a noviembre del 2020 fueron asesinadas de forma violenta 3 mil 427 mujeres: 860 como víctimas de feminicidio y 2 mil 067 de homicidio doloso.

Ahora que la cuenta regresiva para la jornada electoral del próximo 6 de junio ya comenzó y están en juego 21 mil 383 cargos a nivel nacional, la prueba de fuego es que los partidos políticos respeten y cumplan las medidas establecidas por el INE, como los lineamientos de la 3 de 3 contra la violencia de género.


Se sienten intimidados y amenazados a que las mujeres de verdad tomemos el poder (…) requerimos la participación política de las mujeres, mujeres en el poder con poder y que los hombres a los que les toca el 50 por ciento, no sean deudores, agresores ni acosadores, pero también requerimos que sea en todos los cargos de elección

Yndira Sandoval Sánchez

Feminista, defensora de los derechos humanos y fundadora de Las Constituyentes CDMX

Esta iniciativa tiene sus orígenes desde 2018 y fue impulsada en el 2020 por legisladoras de diversos grupos parlamentarios. Su objetivo es que ningún candidato que haya sido sancionado por ser deudor alimentario, agresor sexual o acosador pueda contender por algún cargo público.

En la sesión extraordinaria celebrada el 21 de diciembre de 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó por unanimidad estos lineamientos de la 3 de 3 para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género.

Lo anterior obliga a los aspirantes a alguna gubernatura o cargo público a firmar un documento, de buena fe y bajo protesta de decir la verdad, donde se establezca que no están condenados o sancionados por violencia familiar, doméstica, delitos sexuales o por ser un deudor alimentario.

Pero en la práctica la 3 de 3 contra la violencia de género sigue sin cumplirse. Un ejemplo es la postulación del precandidato de Morena a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, quien enfrenta dos denuncias por violación ante la Fiscalía General de Guerrero.

Al respecto, grupos feministas han pedido el cumplimiento del mecanismo 3 de 3 contra la violencia de género y que se le niegue el registro a Salgado Macedonio, lo que el Instituto Electoral local de Guerrero ha rechazado con la justificación de que no tiene facultades de investigación judicial.

Tras ser cuestionado en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que las acusaciones son un asunto partidista por la temporada electoral.

“Todo esto genera polémica, acusaciones, que la autoridad competente sea la que resuelva”, dijo.

Por su parte, el senador Cristobal Arias Solís, quien fue denunciado por su esposa por perseguirla con un cuchillo e intentar asesinarla en el 2005, fue confirmado como precandidato a la gubernatura de Michoacán bajo la bandera de Fuerza Social por México.

La importancia de la 3 de 3 contra la violencia de género

La iniciativa 3 de 3 contra la violencia ha sido promovida desde 2018 para que sea un requisito obligatorio que deben cumplir quienes ocupen un cargo de elección, de designación y de concurso, explica Yndira Sandoval Sánchez, feminista y defensora de los derechos humanos, así como fundadora de Las Constituyentes CDMX.

“Este marco jurídico viene a completar lo que ya se alcanzó en materia de violencia política, pero habría que diferenciarla. Es decir, la violencia política es un marco jurídico que ya no solamente está en generalidad de violencia, sino un delito electoral que protege principalmente a las mujeres políticamente activas y la 3 de 3 viene a complementarlo”, señala.

A diferencia de la violencia política de género, esta iniciativa vela por el bienestar de las infantes, en el tema de los alimentos; así como por las mujeres que son víctimas de violencia por parte de personas que ocupan algún cargo de representación pública o institucional.

Además, no solo se limita a lo electoral, por ejemplo, ya fue presentada como iniciativa constitucional en 14 entidades del país y en cuatro ya es parte de la legislación local: Chihuahua, Jalisco, Estado de México y Oaxaca.

Mientras que en lo electoral, ya fue aprobada por el INE en 2020, y se tiene que aplicar para el proceso electoral 2021, tanto para los cargos de elección federales como los locales y municipales.

Ahora se busca presentar esta iniciativa en el resto de los congresos locales para que no solo se aplique en lo electoral, sino también a la administración pública municipal y estatal, es decir, que quienes salgan electos en 2021 y lleguen a tomar posesión ya lo puedan hacer en otras condiciones, dice.


A nivel federal, diputadas trabajan en una iniciativa que busca que la 3 de 3 contra la violencia sea un derecho constitucional al igual que la reforma #ParidadEnTodo, la cual está enfocada a que las mujeres ocupen el 50 por ciento de los cargos de elección popular

“Actualmente, la paridad es un principio democrático constitucional, la violencia política es un delito electoral y la 3 de 3 es un requisito, entonces estamos hablando de otras reglas y de otras normas que ya no benefician al status quo del sistema político de partidos en el país (…).

“Se sienten intimidados y amenazados a que las mujeres de verdad tomemos el poder (…) requerimos la participación política de las mujeres, mujeres en el poder con poder y que los hombres a los que les toca el 50 por ciento, no sean deudores, agresores ni acosadores, pero también requerimos que sea en todos los cargos de elección”, señala Yndira.

Pese a los avances que representa la 3 de 3 contra la violencia, aún hay obstáculos que superar, como la verificación y validación de quienes aspiran a un cargo de representación política y firman este documento, ya que no está bajo las facultades del Instituto Nacional Electoral investigarlos ni verificarlo.

“Tenemos un desafío que tiene que ver con el tema de justicia y que tiene que ver con la corresponsabilidad de los centros públicos como las autoridades electorales, pero también de manera específica con los partidos políticos”, dice Sandoval.

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