Hasta el 31 de enero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha interpuesto 912 denuncias penales contra quienes resulten responsables del millonarios desvíos de recursos públicos al erario de la federación… Sin embargo, ninguna de ellas ha terminado ya con la sentencia de los culpables.
En un punto de acuerdo, senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señalan que el problema está en la Procuraduría General de la República, pues es ahí donde se empantanan las investigaciones contra los probables responsables.
“A partir de la denuncia, es responsabilidad de la Procuraduría General de la República investigar los hechos y perseguir los delitos de orden federal. En este sentido, la mayoría de las denuncias son relativas al manejo irregular de recursos públicos federales; éstas involucran a funcionarios federales, de gobiernos estatales, municipales, universidades y fideicomisos”, exponen los senadores.
No obstante, acusan los congresistas, hasta noviembre del 2017 la PGR solamente había logrado que una decena de casos llegaran a juicio y en ninguno se ha dictado sentencia y más bien los acusados se encuentran libres bajo fianza.
“Esto es la manifestación de que, pese a que la Auditoría Superior de la Federación está identificando irregularidades y desvíos de recursos federales, la Procuraduría no ha sido capaz de hacer valer la ley mediante investigaciones serias, dando paso a la absoluta impunidad en lo relativo a ellas”, señalan los senadores.
Por ello, aunque las denuncias interpuestas por la ASF se cuentan por cientos, ninguna de las averiguaciones ha llevado a que los culpables sean sentenciados y tampoco se ha reparado el daño hecho a la nación.
“Los casos comenzaron a acumularse desde 1998. Es decir, en 20 años la Procuraduría no ha logrado mejorar su procesamiento de estas denuncias penales, ahondando en la crisis de credibilidad del gobierno y garantizando la impunidad de los actores corruptos que han incurrido en los delitos señalados por la ASF”, sostienen.
Los senadores perredistas han pedido a la PGR un informe sobre el estatus que guardan esas 912 denuncias penales interpuestas por la ASF.
