Para Verónica Flores Pérez, los señalamientos del Ayuntamiento de Guadalajara por permisos otorgados de manera irregular en el trienio anterior, están motivados más en un “protagonismo político” que en investigaciones sólidas.
La expresidenta del Consejo de Giros Restringidos de Guadalajara sostiene que no hubo decisiones unilaterales durante su gestión, de octubre del 2012 a septiembre del 2015, a la par que lideraba al grupo edilicio del PRI; hoy es funcionaria estatal de la Fiscalía General de Jalisco.
“Tengo la percepción de que hay más un afán político y protagónico, porque en ningún momento en el proceso de entrega–recepción, cuando hay un tiempo determinado para que te llamen para preguntarte por faltantes o dudas en la documentación, nunca nos llamaron.
“Me parece que es una situación más de carácter político y de protagonismo político que otra cosa, porque debieron de haberlo hecho”, explica Flores Pérez.
En ese Consejo se toman decisiones de las que depende la apertura de establecimientos, algunos de ellos con inversiones multimillonarias.
Tan sólo las inversiones de los giros avalados en ese trienio se valuaron en casi 789 millones de pesos.
Todo por consenso
En su informe CON/DR/866/2015, la Contraloría municipal advirtió que hay 181 licencias para los llamados giros “negros” -con venta y/o consumo de alcohol- “expedidas durante la administración pasada de manera irregular, ya que las mismas carecen de requisitos establecidos en la normatividad municipal vigente”.
Eso implica que el 41 por ciento de todos los giros que autorizó el Consejo tiene anomalía
La expresidenta del Consejo de Giros Restringidos de Guadalajara se dice segura de que todas las decisiones del órgano se dieron conforme al marco jurídico municipal.
“No hubo ninguna decisión unilateral en donde yo fuera quien tomara la decisión de resolver ese tipo de cosas de una manera arbitraria, ahí están las decisiones que son colegiadas, están las actas del Consejo en donde todos los regidores de las diferentes fracciones estuvieron al pendiente y además tomaban decisiones”, aclara la funcionaria.
En efecto, ese Consejo cuyos actos hoy cuestiona en su legalidad el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, del Partido Movimiento Ciudadano, tuvo siempre a un integrante de esa fuerza política, primero a Candelaria Ochoa Ávalos, hoy diputada federal, luego a Alain Preciado López.
Del PAN fue la exedil Cristina Solórzano Márquez, y del PRI, además de Flores Pérez, los exediles María Urrea Hernández Dávila y César Ruvalcaba Gómez, como representante del entonces alcalde Ramiro Hernández García.
La expresidenta del Consejo afirma que todos los giros avalados en su periodo fueron por consenso.
“El 99.9 por ciento salieron por unanimidad. En ninguna decisión del Consejo yo como presidenta hice uso de mi voto de calidad”, asegura.
De ser certera la existencia de expedientes irregulares, dice, a donde debe voltear la mirada la autoridad es a la Dirección de Padrón y Licencias, responsable de la integración inicial de los casos antes de su turno al Consejo.
“En mí o en el Consejo no recae la responsabilidad si faltan documentos en el expediente, nosotros recibimos un expediente completo que debe de estar completo en Padrón y Licencias; que ahí sustraen documentos o algo, ése es problema de ellos, pero no nuestro, nosotros sí revisamos”, aclara.
Padrón y Licencias tuvo como titular a Sofía Valencia Abundis en la pasada gestión.
“No hay nada fuera de norma, todos están aprobados por mayoría de votos y reuniendo los requisitos.
“Cualquier giro que esté fuera de esas actas o de esa formalidad, es irregular y no pasó por nosotros, entonces no es nuestra responsabilidad”, detalla Flores Pérez.
Casinos y capital
Los 436 permisos que concedió el Consejo de Giros en la gestión del exalcalde Hernández García, con Flores Pérez al frente, tenían en juego un capital detrás por 788 millones 771 mil 580 pesos, según archivos entregados por la Dirección de Padrón y Licencias vía transparencia.
Antes de Hernández García, en el trienio del 2010 a septiembre del 2012, bajo la alcaldía del hoy gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, se avalaron 178 de estos giros con inversiones por 813 millones 700 mil pesos, lo que suma más de mil 602 millones 471 mil pesos que pasaron por el Consejo en seis años.
Ese órgano tiene un papel importante en la autorización de casinos. Según estos archivos, con Hernández García se emitieron un par de licencias para actividades de centros de apuestas: una con clave 394845, del 24 de septiembre de 2014, para el casino Ganesh, en Américas 1619.
Y la 377978, del 11 de marzo de 2013, para el que fue un casino Foliatti, en Lázaro Cárdenas 2305, en esta se precisa que había de por medio una resolución judicial.
En la gestión como alcalde de Sandoval Díaz, dicho Consejo, entonces a cargo de Eduardo Almaguer Ramírez –hoy fiscal estatal-, también se otorgó al menos cuatro licencias para casinos, pero encaminadas a permitirles el consumo y venta de alcohol.
La 356495, para el casino Veracruz, en Manzano 486, del 19 de noviembre de 2010; la 357524, casino Providens, en Américas 1505, del 16 de diciembre de 2010; la 360009, casino Capri, en Circunvalación Álvarez del Castillo 1846, del 1 de abril de 2011; y la 361585, para el casino GDL, en Niños Héroes 1406, del 3 de junio de 2011.
Con Hernández García el Consejo emitió más del doble de permisos de los del trienio de Sandoval Díaz.
Para Verónica Flores Pérez esto se debió a que regularizaron negocios que debían contar con uno, como pequeñas tiendas de autoservicio.
En el portal de la dependencia sólo pueden consultarse las actas de agosto del 2011 a julio del 2012.
A esas dos administraciones se les debe una quinta parte de todos los giros restringidos que hoy operan en la ciudad entera.
¿Parcial o imparcial?
Al concluir el trienio de Hernández García, Verónica Flores Pérez dejó de ser regidora y fue llamada para integrarse a la Fiscalía que encabeza Almaguer Ramírez, con quien tiene fuertes ligas políticas.
Aunque se le dio el nombramiento de titular de la Unidad de Investigación contra la Corrupción, una “zarina anticorrupción”, aclara que no se desempeña como tal, sino al frente de la Dirección para el Estudio de la Violencia de Género.
Flores Pérez representa hoy a la Fiscalía dentro del grupo interdisciplinario que analiza la probable activación de la Alerta de Género en Jalisco, que el gobernador pudiera emitir en los próximos días.
Dice no estar, por tanto, vinculada al Ministerio Público, y así asegura que la Fiscalía procesará de forma imparcial las denuncias penales que alista el Gobierno de Guadalajara por las anomalías halladas, incluyendo los giros “negros”.
“La aplicación de la ley y el estado de derecho tienen que darse en cualquier circunstancia, yo no tengo por qué suponer que pueda haber una defensa mayor para mí o alguna excepción de la ley si incurrí en alguna responsabilidad.
“Si ellos creen que hay irregularidades, pues que las presenten, que lo hagan y en su momento quienes nos veamos involucrados o señalados, estamos en nuestro derecho de defendernos”, detalla Flores Pérez.
Las evidencias
Reporte Indigo publicó que el Ayuntamiento de Guadalajara prepara nuevas denuncias por anomalías en varias dependencias cometidas durante la pasada administración municipal
> La Perla de ‘giros negros’