A días de que comience el año en el que se celebrarán las elecciones más grandes de la historia del país, los conflictos por el uso que ha hecho el partido guinda con la información y la implementación de la vacuna que recién llegó a México para combatir el COVID-19, así como por los anuncios y acusaciones lanzadas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, desde sus conferencias matutinas hacia sus rivales -como la coalición Va por México- han incrementado.
A través de sus redes sociales, el expresidente Vicente Fox Quesada aprovechó para acusar a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, por subir un video a su cuenta de Twitter con el logo del instituto político que abandera, en el que anuncia la llegada de las vacunas contra el virus que ha provocada una pandemia a nivel mundial y en el que se destaca que la nación gobernada por el tabasqueño es la primera en Latinoamérica en recibir este medicamento, el cual aseguran se distribuirá a nivel nacional de manera gratuita.
“Todas las vacunaciones en MX han sido universales y gratuitas, alcanzando coberturas por encima del 90 por ciento de la población. A qué viene tanta alharca ‘chairos’??” tuiteó el extitular del Poder Ejecutivo y adjuntó una liga a través de la cual se puede denunciar este acto ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
De igual manera, el primer mandatario mexicano ha estado bajo la lupa tanto del Instituto Nacional Electoral (INE) como de sus rivales políticos.
El primero, órgano encargado de organizar las elecciones en el país, le ha pedido en diversas ocasiones no inmiscuirse en temas electorales, solicitud que López Obrador ha decidido ignorar de manera constante.
La polémica más reciente por sus pronunciamientos surgió al día siguiente de que se consolidara la alianza Va por México, la cual está conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuando el presidente aseguró que esta coalición, de ganar en las urnas el próximo 6 de junio, buscaría “quitar el presupuesto a los pobres”, que esta administración ha destinado a través de programas sociales.
De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, comete este ilícito aquel funcionario público que “condicione el cumplimiento de programas gubernamentales a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.
Así como a “quien proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores”, indica la ley.
Además, el artículo 134 de la Constitución, indica que todo servidor público tiene la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Además, señala que los anuncios que difundan deberán ser exclusivamente de carácter institucional y con fines informativos únicamente”.
Como respuesta a los pronunciamientos realizados por el Presidente de la República, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, tuiteó: “No, presidente, nosotros sí queremos que haya programas sociales, pero exigimos sean transparentes, que se difunda la lista de beneficiarios y se audite. Lo que usted no quiere es que se evidencie que se está malgastando el dinero de las y los mexicanos”.
