Esto pasó con los elementos de la AFI ‘secuestrados’ por mujeres indígenas

Jacinta Francisco Marcial, la mujer indígena hñähñú acusada junto con Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio de secuestrar en 2006 a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), recibieron una disculpa pública por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) tras ser encaerladas varios años. 

“La PGR incurrió en una actividad indebida y generó con ello una afectación a su honor, a su propia imagen y a la percepción generada en su comunidad respecto de ustedes”, dijo Raúl Cervantes, procurador de la República.

La primera fue excarcelada en 2009 y sus compañeras en 2010, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les revocó las sentencias al considerar insuficientes las pruebas presentadas contra ellas.

Inicialemnte, tras ser procesadas, recibieron la sentencia de 21 años de prisión y 90 mil pesos de multa por supuestamente privar de la libertad de los elementos durante un operativo en Santiago Mexquititlán, Querétaro.

El “secuestro”

Era 26 de marzo de 2006 cuando durante la administración del panista Vicente Fox, los elementos de la AFI Antonio Guadalupe Romero Rojas, Jorge Ernesto Cervantes Peñuelas, Luis Eduardo Andrade Macías, Antonio Bautista Ramírez, Jorge Ernesto Pineda Gutiérrez y Juan Francisco Melo Sánchez. arribaron sin uniforme a este lugar. Aquí, Jacinta dedicaba su vida a la venta de aguas frescas.

Una vez que arribaron, éstos encabezaron un operativo para buscar supuestamente mercancía pirata, pero no portaban uniforme ni identificación alguna y así despojaron violentamente de sus mercancías a varios comerciantes.

A pesar de que los afectados solicitaron a los elementos que se identificaran y mostraran algún documento que permitiera el operativo, los “afis” se negaron.

Ante esto, los comerciantes protestaron y la tensión aumentó por lo que Gerardo Cruz Bedolla, agente del Ministerio Público Federal (MPF) con sede en San Juan del Río, Querétaro, y Omar Evaristo Vega Leyva, jefe regional de la AFI, llegaron para dialogar con los vendedores. 

Ambos reconocieron que los agentes cometieron un error y que se repararía el daño así como la devolución de la mercancía destrozada y despojada.  No obstante, los artìculos ofrecidos habían sido decomisados en otro lado por lo que los comerciantes no aceptaron. Esto ocasionó el enojo de los afectados y la protesta creció.

Posteriormente, Cruz Bedolla y Vega Leyva les ofrecieron dinero, pero tenían que traerlo entonces para garantizar el pago, el agente de la AFI Jorge E. Cervantes Peñuelas se quedó en el lugar.

Horas después, los elementos de la AFI volvieron al pueblo en compañía de policías de otras corporaciones así como un periodista de un diario local.

Mientras ambas partes dialogaban, algunas personas se asomaron a ver lo que pasaba en ese momento y entre ellas Jacinta Francisco Marcial, quien ajena a lo ocurrido,  fue fotografiada por el reportero del diario Noticias de Querétaro como parte de su labor para ilustrar la nota que aparecería en este medio.

Cuando todo parecía estar bien, el 3 de agosto de ese año, los elementos que participaron en el operativo regresaron para buscar a Jacinta Francisco Marcial.

Con engaños, le dijeron que tenia que acompañarlos a declarar sobre una supuesta poda de un árbol, pero fue llevada al Juzgado Cuarto de Distrito del estado de Querétaro en un vehículo sin identificación oficial.

Aquí, la vida de Jacinto cambió pues fue presentada ante los medios de comunicación por haber privado de la libertad a los elementos de la AFI durante aquel operativo.  Gerardo Cruz Bedolla las consignó por secuestro y el juez cuarto de distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi les dictó sentencia.

¿Qué pasó con los culpables? 

Gerardo Cruz Bedolla aspiró en 2015 a la Fiscalía Electoral de Aguascalientes y al buscar este puesto, aseguró que su participación en el caso de Santiago Mexquititlán al momento de integrar el expediente de las tres mujeres otomíes lo hizo con respeto a la ley y bajo los elementos jurídicos correspondientes.

Además a Cruz Bedolla se le relacionó con una militancia dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lo que le daba mayor fuerza y respaldo político en materia de impartición de justicia. Ante estos señalamientos, respondió que pertenecer a un partido político no lo dejaría fuera para buscar el cargo de Fiscal Electoral, pero no logró ningún votos de los legisladores.

En tanto, Omar Evaristo Vega Leyva, nombrado policía federal ministerial, ha sido relacionado en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el 26 y 27 de septiembre de 2014 donde 43 normalistas desaparecieron.

Vega Leyva forma parte de la lista de funcionarios del actual gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, contra quienes se inició una investigación por actos de tortura, esto de acuerdo a Anabel Hernández en su libro “La verdadera noche de Iguala”.

Antonio Guadalupe Romero Rojas trabajó en la Procuraduría General de Justicia capitalina, pero no se sabe si regresó a la PGR como agente federal.

Jorge Ernesto Cervantes Peñuelas, se jubiló como agente federal en 2008 por lo que no tuvo que presentarse a careos ante lo ocurrido.

De Luis Eduardo Andrade Macías y Jorge Ernesto Pineda Gutiérrez se desconoce su paradero y no se sabe si ocuparon algún otro cargo.

Antonio Bautista Ramírez murió en 2007 tras ser acribillado a balazos en Oaxaca mientras que Juan Francisco Melo Sánchez quien hasta hace dos años, ocupó el cargo de jefe de la Agencia de investigación Criminal de la PGR en Durango.