La Fiscalía General de la República (FGR) tiene en segundo plano la preparación de sus elementos y personal en general, ya que ha disminuido de manera notable el impulso económico en este sector, afirma Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
El experto detalla que en lo referente al combate contra la delincuencia organizada se redujo aproximadamente un 15 por ciento el presupuesto a la capacitación, lo que incide en que se disminuya la capacidad para la investigación de delitos.
“(La FGR) casi canceló la formación profesional y la capacitación porque la redujo en un 81 por ciento, entonces no les importa que la gente esté bien formada”, considera.
Para Francisco Rivas, el asunto no es si la capacitación es de manera presencial o virtual, sino que se deben de revisar los alcances de los cursos que tomen los agentes.
Francisco Rivas criticó que se haya recortado el presupuesto para el área de capacitaciones en la FGR y que a nivel local el personal que asiste regresa a su empleo a hacer las cosas de la misma manera
“El tema no es el ambiente, es un ambiente presencial o es un ambiente virtual. Hay cursos virtuales que son excelsos. La pregunta que hay que hacernos es si cumplen con las necesidades de la institución, una de las cosas que adolece la formación de todas las instituciones en todos los sexenios es precisamente que capacitamos y palomeamos el número de asistentes pero en realidad nadie revisa que las competencias que se tenían que desarrollar en tal o cual grupo se hayan efectivamente desarrollado”, señala.
El especialista criticó que se haya recortado el presupuesto para el área de capacitaciones en la FGR.
Rivas explica que hay una mala práctica de algunos funcionarios que utilizan los recursos públicos en otras áreas pero es muy sencillo justificar los gastos con capacitaciones para el personal, como en el caso de la Fiscalía.
“La formación profesional es uno de los rubros que más permite el desperdicio de recursos porque no estamos midiendo lo que deberíamos medir, y entonces es muy fácil sacar 150 cursos y decir capacité a 300 personas para justificar el gasto. Y no voy a decir que se los roban, pero simple y sencillamente desvían el recurso para otros fines, precisamente porque es muy fácil justificarlo a través de la capacitación”, sentencia.
Otro problema que se ve también a nivel local, en estados y municipios, es que el personal asiste a las capacitaciones, pero vuelve a su empleo a hacer las cosas de la misma manera.
“Lo más común que nosotros hemos visto trabajando de la mano con las fiscalías de todo el país es que generalmente una persona va a tomar una capacitación y regresa a hacer las cosas tal y cual las hacían antes. No hay un impacto de la capacitación”, critica el experto.
El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) presentó hace unos días el informe Gasto Público en Seguridad 2019–2021 en el que se indica que el presupuesto para la Fiscalía General de la República tras su cambio de nombre incrementó 6 por ciento entre 2019 y 2020; y entre 2020 y 2021 el presupuesto aprobado para la Fiscalía prácticamente será el mismo que en 2020.
El informe cuestiona la disminución presupuestal de 11.8 por ciento en lo referente a la investigación de delitos relacionados con la delincuencia organizada. El documento asegura que esta reducción vuelve frágil la calidad de la investigación y limita el impacto de los procedimientos penales.
“En este estudio vemos cómo ha gastado en los últimos dos años la administración, a qué ha destinado recursos y cómo lo hemos puesto en marcha”, explica.
“Hay menos dinero para prevención del delito que el que había en los sexenios anteriores. Entonces es falso que están trabajando en la prevención porque el dinero significa personal, el dinero significa tecnología, el dinero significa insumos, patrullas”, asegura.
Francisco Rivas afirma que en el combate a la delincuencia organizada se redujo aproximadamente un 15 por ciento y se ha venido reduciendo a lo largo de los años.
“Entre más violencia tengamos en nuestro país menos capacidad tenemos para investigar los delitos”, señala Rivas en entrevista.
Considera que el poco incremento en el presupuesto en esta etapa en que la Fiscalía cambia de nombre es muy poco para las necesidades que tiene.
Lo que encontramos es que en esta migración entre PGR y FGR a la Fiscalía se le destinó un 6 por ciento más de presupuesto entre 2018 y 1019, quien haya trabajado de cerca con la Procuraduría sabe que es por demás insuficiente
“La Fiscalía siempre ha tenido muy pocos recursos para cualquier cosa, menos aún en un contexto en el que tienen que emigrar hacia un diseño institucional diferente porque eso implica, simple y esencialmente, pongamos la rotulación, simple y sencillamente pensemos en la papelería nueva. Sólo eso es un gasto muy significativo”, refiere el especialista en seguridad pública.
En tanto, un informe de la Dirección General de Formación Profesional (DGFP) de la FGR publicado por Reporte Índigo en enero de 2021 indica que en 2020 las capacitaciones incrementaron más del doble en comparación con 2019 y hasta tres veces con respecto a 2017.
Durante 2020, la FGR realizó 532 actividades académicas en línea mientras que en 2019 registró 218.
DGFP asegura en el documento que gastó menos de la décima parte del presupuesto que le fue asignado por los principios de austeridad enmarcados en la administración federal.
Durante el 2020 la Dirección General de Formación Profesional en observancia del principio de austeridad republicana ejerció el nueve por ciento del erario otorgado a esta Dirección General, disponiendo de manera eficaz, eficiente y transparente de dichos recursos para programas de capacitación apegados a las necesidades de las unidades de esta FGR
