Ajustan las antenas

La inversión extranjera directa en el sector de telecomunicaciones ya es una realidad desde hoy en México. 

Y de aquí a septiembre, el Comité de Evaluación tendrá que seleccionar a los aspirantes a comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), su creación y ordenamiento legislativo.

Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom Policy & Law, explica a Reporte Indigo que una vez que quede instalado e integrado el Ifetel se requieren otros seis meses para lanzar la convocatoria y las bases de licitación de frecuencias de televisión abierta.

A partir de entonces, detalla, se podrán declarar preponderantes a los agentes económicos en el mercado, se revisarán los títulos de concesión y el otorgamiento de licencias únicas para servicios convergentes en telecomunicaciones.

También se establecerán las reglas para acceder a la multiprogramación en la televisión digital, incluidos los recursos necesarios que deberá destinar la Cámara de Diputados para cumplir con el apagón analógico el 31 de diciembre de 2015 y liberar la banda de 700 MHz.

Negrete aclara que mientras se integra el nuevo Ifetel seguirán en funciones las actuales autoridades y estructuras de la actual Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Los funcionarios de Cofetel deberán trabajar en el proceso de transición de la Comisión al Ifetel y preparar la entrega-recepción de los recursos con los cuales cuenta el ente regulador.

Esta tarea concluirá en tres meses y, a partir de ese momento, las futuras acciones regulatorias en materia de radiodifusión y telecomunicaciones sólo deberán ser discutidas y resueltas por los nuevos comisionados del Ifetel.

Es una oportunidad insuperable para “intentar aparejarnos al vertiginoso ritmo de la innovación, las tecnologías, la convergencia y la digitalización en el mundo”, dice el director de Mediatelecom.

Y de paso, agrega, recuperar el liderazgo político y regulatorio en América Latina en materia de telecomunicaciones.

Pero es necesario que la infraestructura y las telecomunicaciones lleguen a las zonas rurales, semiurbanas y marginadas, porque en la nueva Ley se les ha definido como “servicio público”.

El acceso universal, explica, debe garantizarse a través de la inversión en todas las plataformas disponibles.

Es por ello que la convergencia debe abrirse a todos los operadores, porque “todos pueden contribuir a la cobertura universal y al éxito de la reforma”.

Aún ven ‘interferencia’

Para Alma Rosa Alva, investigadora de la UNAM, aún es indispensable demandar que la formulación de las leyes secundarias se lleve a cabo con  prontitud.

Se requiere, dice, una profundización en la materia, pero a partir de las necesidades de la sociedad.

Incluso a contracorriente de los poderes de los consorcios que operan en el sector, y que en su búsqueda por expandirse en los nuevos escenarios digitales, aprestan sus estrategias para afianzarse en los nichos de mercado emergentes.

El punto siguiente del itinerario, define la especialista, es garantizar que esas nuevas normas prevalezca el interés público y no una vez más el de los intereses particulares.

Bienestar para todos

Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom Policy & Law, asegura que el fin último de la Ley de Telecomunicaciones y Competencia Económica no se limita al acceso a las TIC y el fomento de la competencia, sino a procurar el bienestar de la población a través de un uso más intensivo de las plataformas de comunicación.

Todos estos cambios, plantea el director de la firma, vienen aparejados a un crecimiento de la economía, gobiernos más eficientes y transparentes que provean servicios de educación a distancia, telemedicina, seguridad y cultura para salir del subdesarrollo.

Pero las tecnologías “no serán la panacea si no vienen acompañadas de educación, empleos y mejoramiento en las condiciones de vida de la población”.

Aunque admite que las telecomunicaciones sí constituyen una herramienta poderosa para la transformación social.

Lo importante, dice, es que se establece y reconoce un nuevo régimen de concesiones de uso privado, comercial, público, social, indigenista y comunitario sin fines de lucro.