"Me han dado (los funcionarios del gobierno estatal) sin regateo algunas participaciones, aunque otras no nos las han entregado, pero supongo que se debe a que no han sido entregadas por la misma Federación"
Los alcaldes de casi 40 municipios de Michoacán, todos de mayoría priista, han alzado la voz para denunciar “la irresponsabilidad” del gobernador sustituto Salvador Jara.
Acusan que el gobierno estatal ha incumplido con la aportación de recursos para los gobiernos locales, por lo que el 80 por ciento de las obras se encuentran inconclusas.
Los ediles han hecho lo que no se había visto en esta entidad: se han rebelado contra el gobernador y le han exigido “de manera enérgica” que cumpla con su función y distribuya los fondos económicos etiquetados para las obras en las localidades de Michoacán, so pena de protagonizar el primer plantón de alcaldes en la historia del país.
A pesar de que este planteamiento se le notificó formalmente a Jara, por parte del gobernador hay un silencio oficial.
El alcalde de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, coordinador en Michoacán de la Federación Nacional de Municipios de México, señaló que el gobierno estatal sigue sin aportar los fondos etiquetados para la ejecución de obras públicas, proyectadas desde los primeros días de este mes.
Se desconoce la razón por la que la administración de Jara no ha distribuido los fondos económicos para la ejecución de obras para los 113 municipios del estado, toda vez que la Federación ha hecho entrega puntual de las participaciones económicas que llegan etiquetadas a la entidad.
La molestia de la mayoría de los presidentes municipales que están dispuestos a ir al plantón es el desplante del propio mandatario que se niega a recibirlos en audiencias privadas de más de 15 minutos, sumado a la negativa del jefe del ejecutivo estatal para visitar los municipios a fin de conocer de primera mano la problemática vigente en cada región.
Los reclamos de los alcaldes priistas no han sido tomados en serio por funcionarios del gobierno estatal, debido al descrédito que dicho organismo gremial mantiene actualmente ante los ojos del gobierno estatal.
Y es que dentro de ese organismo, en calidad de vicepresidente se desempeñaba Uriel Chávez Mendoza, alcalde de Apatzingán; como tesorera fue electa Dalia Santana Pineda, y en tanto que como secretaria fungió Salma Karrúm, alcaldesa de Pátzcuaro. Todos ellos procesados por delitos de delincuencia organizada, y señalados de tener nexos con el cártel de Los Caballeros Templarios.
Karrúm murió en prisión durante el proceso que enfrentaba por las acusaciones hechas por la federación.
La herencia del Comisionado
Como parte de sus funciones como gobernador de facto, el entonces comisionado federal para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, decidió suspender apoyos y no otorgar recursos a los gobiernos municipales.
La decisión se tomó luego de que se revelara que los Caballeros Templarios tenían presencia en todos los gobiernos municipales de Michoacán, a donde acudían para negociar -por medio del chantaje, la intimidación y a veces el compadrazgo- la distribución de un porcentaje del fondo de recursos asignado a cada localidad desde la federación.
Por eso, la decisión de Castillo fue considerada un acto de combate al narcotráfico Y se mantiene inalterable en el gobierno de Salvador Jara, así como en los funcionarios de la federación, que mantienen bajo su resguardo el recurso económico destinado al gasto del estado de Michoacán.
El gobierno de Michoacán estima que en al menos 110 municipios del estado ya no hay vestigios de células del cártel de Los Caballeros Templarios que medren con los recursos oficiales destinados a cada localidad, sin embargo, la administración de Jara sigue con su política de negación de fondos impuesta por Castillo.
Actualmente, por negar fondos oficiales que sí existen en las arcas de la administración estatal, el gobierno de Michoacán adeuda a los municipios cerca de 650 millones de pesos, que son las participaciones de este año para la ejecución de obras públicas dentro de los renglones de drenaje, agua potable, alumbrado público, pavimentación y mejoras a plazas y jardines.
Solo los priistas están restringidos
La protesta por la falta de fondos económicos etiquetados a cada municipio, que han comenzado a protagonizar los ediles de extracción priista, no ha causado molestia entre alcaldes de otros partidos, principalmente del PAN, a los que el trato del gobierno estatal ha sido de respeto y digno, sin acusaciones de facto de relación con el crimen organizado.
“A mí el gobierno estatal no me ha tratado mal”, explica el alcalde panista de La Piedad, Gustavo López Rodríguez.
“Me han dado (los funcionarios del gobierno estatal) sin regateo algunas participaciones, aunque otras no nos las han entregado, pero supongo que se debe a que no han sido entregadas por la misma Federación”.
El edil asegura que las participaciones que no les han entregado son las que corresponden a los ramos 14 y 15 (infraestructura municipal), pero no se han requerido en La Piedad porque no se proyectan obras que requirieran de ese fondo de inversión.
“Hay municipios que sí hicieron obras apenas se anunció la participación de esos fondos, y son los municipios que tienen problemas para pagar sus obras actualmente”, detalló López Rodríguez.
En la mayoría de los municipios de extracción panista en el estado de Michoacán no han dejado de fluir los fondos económicos del gobierno del estado.
Alcaldías sin luz ni nómina
Debido a la falta de recursos económicos, la mayoría de las presidencias municipales priistas de Michoacán encaran situaciones difíciles.
En algunas se ha dejado de pagar la nómina a los trabajadores de confianza y se ha restringido el gasto en un 90 por ciento en prestaciones a los trabajadores sindicalizados.
A causa de la suspensión de fondos, no se ha podido avanzar en los trabajos de mejoramiento a escuelas y dignificación de espacios educativos, principalmente en la zona de la costa Sierra Nahua.
