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El gobierno estatal libró de sanciones a uno de los primeros responsables del gasto público en los Juegos Panamericanos de 2011, Carlos Andrade Garín –y su equipo–, señalado de varias irregularidades de esa justa deportiva.
Andrade Garín dirigió el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud (Code) durante la gestión del exgobernador panista, Emilio González Márquez; fue pieza clave en el Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento Deportivos de esos Juegos (Finde).
Más de tres años después del evento, un informe remitido a la Cámara de Diputados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), muestra que el gobierno del priista Sandoval Díaz desechó seis expedientes de anomalías que señalaban directamente al Code de Andrade Garín, sobre contratos por 159 millones 238 mil 400 pesos para los Juegos, y uno más ligado a la Olimpiada Nacional 2010.
Estos malos manejos en la Cuenta Pública 2010 se habían turnado al Gobierno estatal por la ASF para que fueran castigados por sus órganos de control, son trámites conocidos como “promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria”.
Pero el Estado decidió exonerar al ex funcionario y los suyos, con perdones que salieron de dos oficinas: la Contraloría del Estado a cargo de Juan José Bañuelos y el órgano de control del propio Code, que hoy dirige André Marx, subalterno de Andrade Garín entre 1996 y 2009.
Los siete expedientes desechados están seriados con la clave 10-B-14000-02-0868-08-001 a la terminación 007.
Los Juegos Panamericanos de 2011 dejaron una deuda oculta para los jaliscienses de 3 mil 200 millones de pesos (MDP), develada hasta el 11 de enero de 2013, no obstante, la actitud benévola no para ahí:
Existen otras siete promociones de responsabilidad sancionatoria contra el Code, sobre contrataciones por 283 millones 477 mil 500 pesos que la Contraloría mantiene sin resolución.
A casi tres años y medio del evento, no hay una manifestación conclusiva sobre los cargos, según el reporte “Estado que guarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las entidades fiscalizadas”, con corte al 31 de marzo pasado.
Indulgencias
Hay casos paradigmáticos.
El Code asignó el contrato AD/13/M.S.L.SOFTWARE por 152.7 MDP para los servicios de tecnología de la información de los Juegos; lo hizo como adjudicación directa debido a que antes declaró desiertos dos procesos de licitación.
La ASF descubrió que esos procesos fallaron porque: “No se invitaron personas con capacidad de respuesta inmediata, ni con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios, como lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”.
Incluso, uno de los proveedores que intentó participar dijo: “Considerando el tiempo disponible, sería imposible ofrecer todos los sistemas requeridos en la licitación”.
Pese a ello, el Gobierno estatal se negó a proceder contra los exfuncionarios del Code, así consta en el oficio 0248/DGJ-C/2015, del 22 de enero de 2015, en donde el contralor Bañuelos notificó a la ASF:
“El contralor interno del Code determinó la presente causa decretando la improcedencia de iniciar procedimiento administrativo de responsabilidad, por lo que se ordenó el archivo definitivo del presente expediente de promoción de responsabilidad administrativa como concluida”.
Uno más. El Code reportó un gasto de 160 mil 900 pesos para comprar equipo deportivo como redes, postes, líneas, banderolas, paletas para voleibol, rastrillos de playa y plataformas de jueces. La ASF inspeccionó al proveedor y descubrió:
“Se observó que la actividad registrada en el SAT por el proveedor corresponde a la fabricación de corcholatas y otros productos troquelados, actividad que no está relacionada con los bienes objeto del contrato”.
El 27 de enero de 2015, el contralor local envió otro oficio a la ASF, el 0347/DGJ-C/2015, donde dijo:
“El contralor interno para el Code determinó la improcedencia de aplicar sanción alguna a los servidores públicos que intervinieron en la observación referida”.
Otros casos perdonados al Code por el Estado son pagos de honorarios sin contrato (147 mil 600 pesos); servicios incumplidos para el laboratorio de dopaje (2.6 MDP), y transferencias sin convenio al Comité Olímpico de Colombia para boletos de avión (868 mil 600 pesos).
Entre las sanciones sin dictaminar hay pagos cargados a fondos federales que debió cubrir el Estado, como los 93 MDP a Ocesa y 519 mil 100 pesos a Biosferazul por un estudio ambiental.
Y la adjudicación directa a ALQDragón, por 336 mil 400 pesos, para el programa cultural del evento, cuyo contrato se elaboró cuando este ya había acabado: el 5 de diciembre de 2011.
Solo hay un caso con sanción contra el Code pero impuesta en el pasado sexenio, por cinco contrataciones que no especifican cómo se eligió al proveedor (8.7 MDP); solo mereció un apercibimiento.
Fiesta de… algunos
El esclarecimiento de las irregularidades en los Juegos Panamericanos y su castigo no son prioridad para el Estado:
En el informe constan 19 promociones sancionatorias por anomalías en los Juegos, en contratos por mil 185 millones 575 mil 700 pesos, que involucran al Code y dos secretarías: Finanzas (Sefin, hoy Sepaf) y Desarrollo Urbano (Sedeur, hoy SIOP).
De ese monto, la Contraloría desechó entre 2012 y 2015 las sanciones ligadas a contratos por 878 millones 897 mil 900 pesos (74.1 por ciento).
No ha resuelto otros por 297 millones 895 mil 300 pesos (25.1 por ciento), y sólo castigó el de 8.7 MDP (.7 por ciento).
Las operaciones más cuantiosas son de Sefin, 719 millones 659 mil 500 pesos; del Code, 451 millones 498 mil 400; y Sedeur, 14 millones 417 mil 800 pesos.
Los expedientes de Sedeur, que encabezó Sergio Carmona, siguen abiertos, como los proyectos ejecutivos para instalaciones de beisbol, tiro con arco, hockey y tenis que asignó de manera directa con las obras ya en marcha (9.7 MDP).
Y la asignación directa de un Informe Preventivo Ambiental para el centro acuático del Parque Metropolitano (362 mil 300 pesos), que “se realizó con fecha posterior al inicio de la obra”.
Otro exfuncionario exonerado es Martín Mendoza, extitular de Sefin. Sus dos expedientes, uno ligado a 331 MDP, otro a 388.6 MDP, se cerraron desde el sexenio anterior.
El primer monto surgió porque no pudo demostrar en su momento el fin que tuvo; lo recibió entre mayo y octubre de 2009, pero lo comprobó hasta un año después: agosto de 2010.
El segundo monto fue porque Sefin nunca remitió al Gobierno federal, como debía, los recibos que demostraran su transferencia al ámbito del Code.
