La aplicación de la amnistía a miles de personas no significará el triunfo de la impunidad en el país, pues no se dejará de perseguir a los delincuentes ni se tendrán ojos ciegos a las operaciones del crimen organizado, aseguró Loretta Ortiz Ahlf, coordinadora del proceso de pacificación del nuevo gobierno.
En entrevista con Reporte Índigo, Ortiz Ahlf comentó que se ha determinado que quienes hayan cometido ciertos delitos no podrán acceder al beneficio de la amnistía, sobre todo aquellos que han actuado con violencia.
“Ni perdón ni olvido para los violentos”, sentenció.
Este martes darán comienzo los foros de consulta para la pacificación del país en Ciudad Juárez, Chihuahua, lugar emblemático por los hechos de violencia que ha vivido esa localidad, desde los feminicidios que fueron conocidos como los casos de “las muertas de Juárez”, la masacre de jóvenes en Villas de Salvárcar, la violencia desatada por el narcotráfico o el asesinato de mexicanos a manos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos… en territorio mexicano.
“En muchos sentidos es un lugar paradigmático, una herida abierta en el país”, indicó Ortiz.
El proceso de consulta para la creación del plan de pacificación para el país no solo ocurrirá en estos foros; hace unos días se abrió en internet el sitio de la Consulta Nacional y Foros de Escucha (https://www.consultareconciliacionnacional.org) en la que cualquier ciudadano puede escribir sus propuestas e ideas para pacificar al país.
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Este proceso de pacificación iniciado por Andrés Manuel López Obrador y los miembros de su equipo está ya en marcha. El objetivo: bajar los índices de violencia en el país.
‘No se acabará el problema’
Loretta Ortiz es contundente: el problema de la violencia no desaparecerá por completo, pero un cambio de estrategia sí puede bajar los índices de criminalidad.
“No se va a resolver totalmente el problema. Entiendo que las expectativas son muy altas, pero se va a tratar de aminorar el grado de violencia que existe. La pacificación del país no se va a dar nada más en la Secretaría de Seguridad Pública; otras dependencias y direcciones tendrán un papel importante en este tema, desde Gobernación hasta Desarrollo Social, donde se están iniciando programas para combatir el problema desde la raíz.
“Es cierto que esto es insuficiente, pero al lado de esto, se van a lanzar distintas acciones políticas, unas ya pensadas, como la mediación, que ya está regulada en la Constitución. Puede ser mediación comunitaria, en comunidades, en vecindarios, en escuelas. Con esas mediaciones, se van a tener muchos procesos de paz que se van a iniciar con regularidad y sistematización”, explicó Loretta Ortiz.
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Una de las medidas más polémicas del proceso de pacificación es la posibilidad de aplicar amnistía a personas que se encuentren presas. Y ya se tiene bien claro que hay quienes no podrán ser beneficiados con esta amnistía.
“En los procesos de amnistía no se va a ver beneficiada ninguna persona que haya cometido un acto violento, para aquellos que están preocupados y que dicen que ahora van a liberar a todos los delincuentes; eso fue la campaña negra antes de la elección”
“Los crímenes de lesa humanidad, que son ejecuciones forzadas, desapariciones, tortura y violaciones graves a los derechos humanos; más feminicidios, trata de niños, niñas y jóvenes; más tráfico de migrantes, delitos contra los periodistas. Todos estos, nunca van a ser amnistiables. Nunca, nunca. Ahí no puede haber amnistía”, sentenció Ortiz Ahlf.
Este proceso de amnistía podrá ser aplicado a quienes hayan cometido un acto ilícito, pero no hayan hecho uso de la violencia o la fuerza: mujeres que traficaban con drogas, conocidas como “mulitas”; campesinos que producen amapola; o personas que fueron acusadas injustamente.
La amnistía no es la única medida que se prevé. Junto a eso, el nuevo gobierno trabajará también en más investigación e inteligencia para capturar a los criminales; y en tareas transversales de desarrollo social.
“Amnistía en estos procesos de paz no significa impunidad. No significa impunidad. Significa que aquellas personas que no han cometido ningún delito violento, y que son encarceladas, tengan una oportunidad de reinserción.
“Lo que estaba ocurriendo es que se fabricaban testigos para culpar a X o Z y no eran los culpables. O se detenía a jóvenes que no son las cabecillas, que habían cometido delitos menores, pero las cabecillas están afuera. De lo que se va a tratar es de que los capos se detengan y al mismo tiempo se inicien los procesos legales. Atencion: significa que ellos también van a tener un proceso justo. Que no se va a llegar a desaparecerlos, como se ha cometido en otras ocasiones”, acotó Ortiz.
Una de las medidas más polémicas del proceso de pacificación es la posibilidad de aplicar amnistía a personas que se encuentren presas
‘No habrá pacto con el crimen’
Loretta Ortiz aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no pactará con el crimen organizado para pacificar al país.
“No se va a pactar con el crimen organizado”, sentenció.
Para la coordinadora del proceso de pacificación, otra de las medidas necesarias es la resurrección de la Secretaría de Seguridad Pública, pues al ser desmantelada en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se terminaron las labores de inteligencia, de prevención y el presupuesto se destinó a las Fuerzas Armadas, que no tenían como labor el combate a la inseguridad y la violencia.
Ahora, en el nuevo modelo de la SSP, junto con otras dependencias se trabajará tanto en la persecución de los delitos como en la prevención.
Otro aspecto fundamental será atacar la corrupción en el Poder Judicial para no permitir que haya impunidad y corrupción entre los jueces y magistrados del país.
“No puede haber respeto a los derechos humanos si no hay persecución de estos delincuentes. No va a haber impunidad porque nos vamos a coordinar (con el Poder Judicial) y porque el futuro presidente no va a permitir la corrupción”
“No se puede seguir con estos grados de impunidad, porque precisamente por eso estamos como estamos. Porque los verdaderos criminales están afuera, no están detenidos. En esta encomienda de la pacificación está lograr esto: que se haga justicia. Porque las víctimas es lo que piden, en primer término: que haya justicia”, insistió Loretta Ortiz.
Para los casos más simbólicos, las “heridas abiertas”, como Ayotzinapa, Tlatlaya, Nochixtlán y otros, se busca crear comisiones de la verdad cuyas resoluciones sean vinculantes, pues de nada sirve, señala, que queden solo como testimoniales si no ayudan a que se haga justicia.
El Ejército mexicano también comenzará a abandonar las calles en un periodo de tres años, calcula Ortiz Ahlf, cuando tome forma la profesionalización de las policías.
El nuevo gobierno se ha planteado también la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Interior vigente; sin embargo, en este aspecto, se ha decidido esperar a que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el análisis de esta Ley.
“Si no se pronuncia en el sentido que pensamos que se tiene que pronunciar, habrá que iniciar, a través de los cauces en el Congreso de la Unión, la modificación de esa Ley para que no sea contraria a los instrumentos internacionales de Derechos Humanos”, expuso.
El objetivo es que con estas medidas, más otras que se acuerden con la información de los foros y la consulta pública, se mejore la situación de la inseguridad en el país.
“Con esto van a bajar los índices de violencia. Si no espectacularmente, sí en una buena medida”, insistió Loretta Ortiz.
El virtual presidente electo acude este martes al foro inaugural de consulta por la paz, que continuará después en otras ciudades del país azotadas por el crimen.
