Un estudio del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, señala que en las leyes mexicanas se han dejado espacios abiertos para la impunidad
Las elecciones del próximo 5 de junio, en que se elegirá a 12 nuevos gobernadores, serán el marco perfecto para politizar el tema del combate a la corrupción
La oposición tiene prisa por concretar, antes del próximo 30 de abril, la aprobación del nuevo marco legal en materia anticorrupción.
Se trata de la construcción de las leyes secundarias del recién creado Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado en el 2015.
La negociación llega en un momento complicado que obliga a los senadores a acelerar los trabajos sobre este tema, como buscan el PAN y el PRD, o posponerlos hasta finales del 2016 o hasta el próximo año.
Las elecciones del próximo 5 de junio, en que se elegirá a 12 nuevos gobernadores, serán el marco perfecto para politizar el tema del combate a la corrupción.
Por ello, aprobar esta legislación secundaria es de suma importancia para los partidos de oposición, por razones políticas.
Funcionarios del Gobierno federal y de órganos de otros poderes coincidieron en que el tema abarca más aristas que las punitivas.
Crear un marco legal anticorrupción es más que llevar “peces gordos” a prisión.
Implica tener un sistema de prevención y de cero impunidad, que garantice que la cultura de corrupción vaya erradicándose en el país.
Ayer, el Senado de la República comenzó con los foros para analizar el tema.
Faltan 68 días para que culmine el periodo ordinario, el 30 de abril próximo. Si no se logra aprobar estas leyes, la discusión se aplazará hasta septiembre, cuando culmine el segundo receso legislativo.
La corrupción es mucho más que funcionarios corruptos embolsándose dinero que no les corresponde.
Es, desde una persona que da una “mordida” a un agente de tránsito, hasta alguien que paga a un perito para culpar o exculpar a otro de un delito.
Uno de los factores que favorece los hechos de corrupción es la impunidad; al no haber castigos efectivos, quienes cometen delitos quedan –por lo regular- sin un castigo.
“El 97 por ciento de las denuncias por corrupción que ha establecido la Auditoría Superior de la Federación entre el 98 y el 2015 –estoy hablando de un universo de 656 denuncias penales por actos de corrupción-, de estas 656 denuncias penales, sólo 19 han terminado en consignaciones.
“Es decir, el 97 por ciento de las denuncias han quedado impunes o tal vez no han tenido el castigo que presuntamente debió haber habido”, acusó Armando Ríos Piter, senador del PRD, en los foros sobre el tema.
Juan Manuel Portal, auditor Superior de la Federación, expuso que la falta de consignaciones se debe a que la mayor parte de los expedientes se encuentran en proceso de integración de la averiguación en la Procuraduría General de la República.
“Es un número muy importante de denuncias que le han llegado a la PGR. El Ministerio Público tiene una capacidad; quizá no han estado o no están preparados”, justificó Portal.
De acuerdo a la organización Transparencia Internacional, en su Índice de Percepción de Corrupción 2015, México se ubica en el lugar 95 de 167 países evaluados por su nivel de corrupción.
“Yo percibo que lo que tanto en la sociedad, pero más preocupante aún en las instituciones que están involucradas, el enfoque que priva es el penal sancionatorio. O sea, la gente lo que quiere ver son peces gordos en la cárcel.
“(Pero) podemos correr el riesgo de darle mucha más prioridad a, o diseñar las leyes de tal manera que lo que veamos sean que se implementen medidas efectistas –perdón- y no darle la suficiente fortaleza a los mecanismos que efectivamente prevengan que haya corrupción. Yo creo que ese es el fondo”, afirmó Laura Rojas, senadora por el PAN.
La impunidad
Para Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, la impunidad es uno de los ingredientes que fomenta los actos de corrupción, y responsabilizó a los legisladores por esa falla.
“La impunidad existe, a mi juicio, porque las leyes encargadas de establecer los procesos para el análisis de casos y las sanciones correspondientes van teniendo fallas a lo largo de todo el camino”, expuso Andrade.
Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, alertó sobre el nuevo reto que implica también el nuevo sistema de justicia penal, pues una mala integración de la investigación podría tumbar un caso y dejarlo en impunidad.
“Necesitamos capacitarnos todos para poder defender los casos o promoverlos adecuadamente; de otra manera existirá mayor impunidad si no estamos preparados todos, todos los que estemos de este lado, para poder atender los asuntos que van hacia el aspecto penal”, advirtió el auditor.
¿Espacios para la impunidad?
Una vez que fue aprobada la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, el PAN y el PRD presentaron iniciativas en el Senado para la expedición de la legislación secundaria.
Sin embargo, tanto la hechura del Sistema Nacional y la propuesta de las nuevas leyes secundarias contienen algunos vacíos que pueden aprovecharse para la corrupción y la impunidad.
Un estudio del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, señala que en las leyes mexicanas se han dejado espacios abiertos para la impunidad.
Por ejemplo, con la falta de aplicación de las sanciones penales o con leyes poco claras, “permisivas de interpretaciones y discrecionalidades” del juzgador.
“Se deja abierta la posibilidad de que si la conducta o hecho no se acredita en materia administrativa, civil o penal, por no contar con los elementos suficientes de prueba, no se configure como un delito de índole económico o como una falta administrativa grave, dando lugar a la impunidad”, señala el Instituto.
En el caso de las iniciativas sobre las leyes secundarias anticorrupción, el Belisario Domínguez detecta tres áreas donde se pueden generar oportunidades de corrupción e impunidad.
La primera es una falla en la tipificación de las conductas delictivas, pues en algunos casos son difíciles –o imposibles- de probar.
“Tal es el caso de los elementos que actualizan una conducta corruptible, pues los mismos se basan en cuestiones subjetivas como ‘prometer’ o ‘demostrar una pretensión o exigencia’, ocasionando que no se pueda demostrar la existencia de dicha conducta”, expone el estudio.
De esa subjetividad dependerá si se sanciona o no a los servidores públicos o a los particulares, pues la imposibilidad de probar estos elementos ocasiona “prevalencia y reincidencia en hechos de corrupción”.
Sanciones poco severas
El segundo elemento cuestionable es que se aplicarían sanciones poco severas, donde la prisión se aplicaría solo de conformidad con la legislación penal y no con la del sistema anticorrupción.
En el caso de funcionarios, por ejemplo, la Ley solo impulsaría como penas la destitución del cargo, una sanción económica y la inhabilitación.
En el caso de los particulares es una sanción económica, la inhabilitación para participar de contratos con el Estado, el resarcimiento del daño y la suspensión de actividades si hubo daño a la hacienda pública.
Sin embargo, en el caso de las sanciones económicas, éstas no podrán exceder tres tantos de los beneficios obtenidos o los daños o perjuicios causados.
“Lo que permite el lucro y el mal uso del gasto público, pues el resarcimiento de los daños ocasionados al no exceder de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados, prácticamente genera una ganancia (…) dejando por ende un margen para la reincidencia”, plantea la investigación.
El tercer punto cuestionable es que existirán medios de prueba poco acreditables, pues a veces es difícil comprobar que hubo un delito.
El PAN presentó en agosto del 2015 su iniciativa para expedir la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; el senador Armando Ríos Piter, del PRD, hizo lo propio en septiembre del 2015 al presentar su propuesta para crear la Ley General para el Combate a la Corrupción.
Ambas iniciativas están radicadas en las comisiones de Anticorrupción; Justicia; y Estudios Legislativos Segunda.
