Aprueban diputados que cárceles garanticen atención psicológica y psiquiátrica a reos

Los centros penitenciarios deberán contar con personal especializado para dar atención psicológica a las personas privadas de la libertad
Yvonne Reyes Yvonne Reyes Publicado el
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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el consenso de 452 votos, reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para garantizar atención psicológica a las personas privadas de su libertad.

La propuesta fundamentada por la priista Mariana Rodríguez Mier y Terán establece que toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; para tal efecto, los centros penitenciarios deberán contar con las instalaciones adecuadas para prestar los tratamientos correspondientes.

Dentro de la atención médica se deberá considerar los servicios de psicología o psiquiatría, los cuales se prestarán de manera permanente por personal certificado del Centro o, en su defecto, por personal externo a los centros penitenciarios que dependen del Sistema Nacional de Salud.

La autoridad penitenciaria diseñará y establecerá los protocolos correspondientes para garantizar las condiciones en las que se ha de llevar a cabo la intervención psicológica permanente.

Rodríguez Mier y Terán manifestó que la reforma busca abonar a la construcción de una sociedad libre y democrática, mediante el otorgamiento de mejores oportunidades a quienes por diversas circunstancias han incurrido en la comisión de diversos delitos y se encuentran privados de su libertad.

La priista tamaulipeca señaló que los efectos psicológicos negativos que produce la privación de la libertad se pueden manifestar por el deterioro progresivo de la imagen del mundo exterior, esto debido a la vida monótona y minuciosamente regulada; la acentuación de la ansiedad, la depresión, el conformismo, la indefensión aprendida y la dependencia.

Por ello, afirmó, se busca garantizar la atención psicológica de toda persona que cumpla una pena privativa de la libertad en los centros penitenciarios y que deberán contar con las instalaciones adecuadas para prestar servicios y tratamientos psicológicos.

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