La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el pago de salarios en el Instituto Nacional Electoral (INE).
En su análisis de la Cuenta Publica 2018, la ASF indicó que el INE habría causado un daño a la Hacienda Pública por 1 millón 603 mil pesos porque pagó demasiado a 77 personas a las que contrató bajo el esquema de honorarios.
El INE reportó un presupuesto de 3 mil 347 millones de pesos para el pago de 84 mil 322 trabajadores por el esquema de sueldos asimilados a salarios y compensaciones.
“En 30 casos que sustentaron pagos por 20 millones de pesos, el personal contratado no cumplió con los requisitos académicos requeridos, dentro de los cuales 17 casos no contaron con los formatos de ‘Cédula de Descripción de Actividades y Perfil de Puesto’”, reportó la ASF.
En el caso del pago de dietas a consejeros electorales locales y distritales, el daño a la Hacienda Pública fue de 2 millones 429 mil pesos, por haber realizado “pagos en demasía”.
En total se pagó a 3 mil 631 consejeros de las 32 juntas locales y de las 300 juntas distritales.
En el caso de los alimentos que se dieron a los voluntarios que fungieron como funcionarios de casilla en la elección del 1 de julio del 2018, la ASF documentó irregularidades millonarias por falta de documentación que comprobara el destino de los recursos.
“Respecto de la partida 44109 ‘Apoyo para alimentos a funcionarios de casilla el día de la jornada electoral federal’, no se proporcionó la documentación comprobatoria de 18.16 millones de pesos por la diferencia entre el monto ministrado mediante transferencias bancarias a las 32 entidades federativas y el comprobado mediante el Sistema de Contratación, Pago y Comprobación de Recursos“, sostuvo la ASF.
También se encontraron irregularidades en la partida para impresión y elaboración de material informativo, pues no se acreditó que los proveedores entregara productos por 5.1 millones de pesos.
Los resultados de la Cuenta Pública 2018 no son definitivos. A partir de su publicación, este 31 de octubre, se abre un periodo para que el INE compruebe el destino de los recursos y entregue documentación para solventar las observaciones.
De no hacerlo, entonces sí se procede a la aplicación de sanciones o hasta a la presentación de denuncias penales por el daño causado a la Hacienda Pública del país.
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