La lucha por evitar que se utilicen a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no cesa.
Actualmente, uno de los principales asuntos a atender en esta materia está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A través de su Segunda Sala, determinará si el recurso de reclamación presentado por parte del Ejecutivo federal en contra de la decisión de la ministra Margarita Ríos Farjat por admitir la controversia constitucional de la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, dado a conocer en el Diario Oficial de la federación el 11 de mayo pasado, es válido.
Laura Rojas, expresidenta de la Cámara de Diputados, busca que se invalide el acuerdo por el que se “dispone de las Fuerzas Armadas permanentes para llevar a cabo tareas de seguridad pública
Con este instrumento, la panista busca que se invalide el acuerdo por el que se “dispone de las Fuerzas Armadas permanentes para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Sin embargo, el abogado constitucionalista, Rafael Tena, asegura que este procedimiento que tiene en sus manos el máximo tribunal, únicamente esta atendiendo un tema de forma y no de fondo, como debería ser.
“Es importante hacer una distinción en cuanto a temas de forma y temas de fondo. El primero es si este acuerdo que presentó el presidente y se publicó el 11 de mayo de 2020 en el DOF viola o no el artículo 129 de la Constitución que en concreto dice: “en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con disciplina militar.
“No obstante, el tema que se va a discutir, y como viene el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel, es netamente de forma o procedencia, pues viene en sentido de declarar procedente el recurso de reclamación que interpuso la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, entonces digamos que le están comprando el argumento de que Laura Rojas no tenía legitimación como presidenta de la Cámara para utilizar este instrumento al no haber involucrado a los demás legisladores”.
El fondo de la discusión es determinar si el acuerdo que presentó el presidente y se publicó el 11 de mayo de 2020 en el DOF viola o no el artículo 129 de la Constitución
Esta situación podría mermar aún más la de por sí ya dañada credibilidad de la Corte, asegura el jurista experto en temas constitucionales, pues el proyecto de la ministra Esquivel, contraviene lo que establece el inciso L punto uno artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y el punto dos del artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados, disposiciones que dicen que basta y sobra con que seas presidente de este órgano legislativo para que puedas promover y ejercer esta tipo acción constitucional.
Aunado a esto, Tena explica que existen dos precedentes en la materia en la Suprema Corte. Una es la controversia 42/2004 y la otra es la 97/2017 que básicamente dicen si eres presidente de la Cámara baja puedes promover un recurso de inconstitucionalidad.
Si no les gusta que unilateralmente el presidente de la Cámara de Diputados pueda ejercer esta facultad, entonces que modifiquen estas disposiciones que son las vigentes.
“Desde mi punto de vista, el proyecto de la ministra Esquivel no debería caminar. Debería modificarse y votarse en contra, pues nada más habla de la procedencia, por lo tanto, se tendría que cambiar de ministro, elaborarse un nuevo proyecto y en su caso ya meterse al fondo del problema que es el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”.
En pie de lucha por fuerzas armadas en los puertos
La oposición ya se prepara para presentar nuevos recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de que en la Cámara de Diputados se aprobó en lo general el dictamen que busca reformar la Constitución para quitarle el control de los puertos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y otorgárselo a la Secretaría de Marina (Semar).
Con 263 votos a favor, 85 en contra y 43 abstenciones, el documento respaldado por Morena, el PVEM, el PT y el PES, ahora pasará a la Cámara de Senadores en donde se analizará y determinará si se le otorgarán las atribuciones necesarias a la Marina para convertirse en la única autoridad marítima nacional encargada de la implementación de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
El dictamen también amplía la facultad a la Semar para dirigir la educación naval militar y la educación náutica mercante, además de darle las facultades para determinar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes por agua y sus costos.
Ante esta realidad, Martha Tagle, diputada federal de Movimiento Ciudadano, asegura que de aprobarse esta propuesta de militarización de los puertos tendrá que ser llevada a la Corte.
“No le han entrado al fondo a este tema de la militarización. Tenemos que seguir insistiendo y eso es lo que corresponde.
Incluso lo que se aprobó en la Cámara de Diputados en cuanto a los puertos y después se discutirá en el Senado, si se aprueba en sus términos tendrá que ser llevado ante la Suprema Corte de Justicia a pesar de que ya estamos viendo cómo resuelve
La legisladora, asegura que el máximo tribunal del país también ha sido lento en la atención de muchos asuntos fundamentales. Sin embargo, asegura que primero se deben usar todas las herramientas en el país antes de llevar estas problemáticas al ámbito internacional.
“Los temas que son importantes los va retrasando y deja un vacío. Pero si nosotros creemos en un Estado de Derecho debemos seguir acudiendo a estas instituciones y exigiendo que hagan su trabajo conforme a derecho.
“Primero se deben agotar todas las instancias nacionales y en último caso acudir a las internacionales. Pero creo que quienes creemos en la democracia tenemos que seguir apostando por las instituciones”.
