La gran división que existe al interior de las comunidades indígenas y en los propios organismos encargados de apoyarlas, es la razón de las quejas hacia la CDI, afirmó el encargado de la dependencia en Nuevo León.
José Cerda Zepeda aseguró que las mismas asociaciones civiles que critican la supuesta falta de apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) han emprendido una guerra que las mantiene desunidas.
“Pareciera que se convierte en una guerra de ver quién atiende más, quién hace más y quién recibe más reconocimiento”, dijo Cerda Zepeda.
Familias de algunas comunidades indígenas denunciaron a Reporte Indigo que no reciben apoyo de la CDI Nuevo León, que depende de la Delegación de San Luis Potosí, cuyo titular es Rogelio Azuara Echavarría.
Los otomies asentados en Monterrey y Juárez denunciaron falta de apoyos y desvío de recursos por parte de Cerda Zepeda.
El funcionario argumentó que los recursos que recibe la dependencia por medio de la delegación vienen etiquetados y le es imposible que se pueda accesar a ellos.
“Si hay un proyecto de comprobación, nosotros les transferimos a partir de un proyecto que presentan, que se dictamina y que se aprueba.
“Y que una vez que ha sido autorizado favorablemente para la organización, nosotros firmamos el convenio, transferimos los recursos y ellos nos comprueban; esa es la dinámica”, describió.
Los recursos sin entregar
Documentos presentados por el representante de la CDI detallan, entre otras evidencias, que el presupuesto de este año para Nuevo León es de un millón 306 mil pesos y es destinado a cuatro acciones principales, como becas, igualdad de género, cultura y legalidad.
Otra de las acusaciones de los habitantes de Lomas Modelo es que hace algunos años, Cerda Zepeda bajó recursos para apoyarlos con el problema de ilegalidad de 12 predios y una calle, y no se los entregó.
El funcionario federal aseguró que el dinero le fue entregado a la “Asociación Otomies defendiendo lo nuestro”, que presentó un proyecto como organización en donde contempló asesoría legal, gestiones y fortalecimiento.
Después de una serie de desacuerdos entre los habitantes del sector, la asociación, el propietario de los predios y los abogados no resolvieron el problema.
“Y en el 2011 los apoyamos con un segundo proyecto, que fue la gestión y el acceso a la vivienda, porque el dueño no les quería vender y si vendía era a un costo estratosférico.
“Pero de 12 familias sólo 8 aceptaron inscribirse y las otras dijeron que no”, precisó Cerda Zepeda.
Agregó que la intervención de muchas instancias a la vez y en un mismo sitio, es uno de los motivos de las críticas y desaprobaciones entre las asociaciones y la CDI.
“Creo que ahí está un grave problema y todos con una guerra declarada en contra de todos, que si una asociación y otra organización, porque quiere jalar para su cancha y decir ‘vénganse conmigo’”.