Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la austeridad será uno de los principales ejes de su gobierno; sin embargo, expertos consideran que las medidas deben ser bien pensadas e instrumentadas o causarán un daño a la gestión pública.
Diversos cálculos señalan que el ahorro por las medidas de austeridad anunciadas por el presidente electo serían de alrededor de 38 mil millones de pesos al año.
Este ahorro se logrará con el recorte del 70 por ciento del personal de confianza; la disminución a los salarios de altos funcionarios; y la desaparición de ciertas prestaciones, como el seguro de gastos médicos mayores, entre otras medidas.
Sin embargo, expertos indican que el recorte salarial no debería hacerse de forma indiscriminada, sino analizando caso por caso para evaluar el tipo de trabajo y el mérito de cada servidor público.
Otra medida prudente, consideran, sería revisar la estructura de cada una de las dependencias para evitar duplicidades o una mala gestión de algunos servidores públicos, pero no solo de los contratados como empleados de confianza, sino sindicalizados.
Incluso, eliminar el seguro de gastos médicos mayores en su totalidad podría traer perjuicio al ISSSTE, que no estaría en capacidad de atender a los burócratas, sobre todo en padecimientos crónicos o enfermedades graves que hoy día se atienden en hospitales privados.
Un análisis hecho por Mario Di Costanzo, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), revela que una salida puede ser que los propios servidores públicos paguen sus primas de seguro de gastos médicos mayores.
El presidente electo ha afirmado que el recorte a los ingresos y prestaciones de la alta burocracia deberá estar ya reflejado en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019.
Primero, una revisión
Para Mariana Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, lo primero que debe hacerse antes de meter la tijera, es una evaluación del estado que guarda la administración pública.
Aunque se habla de que el ahorro sería de miles de millones de pesos, un verdadero programa de austeridad tendría que basarse no en el recorte de personal o de ingresos de los funcionarios, sino eliminando cargos que no tengan utilidad alguna o que estén duplicados.
“Estoy de acuerdo en que exista una política de austeridad. Me parece importante que se ponga este tema en la mesa, porque sí se ha caído en excesos.
“Antes de recortar valdría la pena organizar la administración pública, hacer un análisis de las estructuras, ver cuáles son los cargos pertinentes, hacer un análisis de los puestos, cuáles son los perfiles, los riesgos y las responsabilidades implícitos de cada uno”
“Yo creo que los funcionarios deben ganar lo que deben ganar, ni más de lo que se debe ni menos de lo que se debe. Y no estoy segura que se vaya a hacer de esta manera”, comentó Campos en entrevista.
López Obrador ha fijado como una prioridad recortar al 70 por ciento del personal de confianza de la administración pública federal; bajar los ingresos de la alta burocracia; eliminar prestaciones; y limitar los viajes, entre otras.
Campos sostuvo que hacer un recorte de personal y de ingresos indiscriminado, sin un estudio profundo previo, puede tener incidencia directa en la efectividad de las tareas de gobierno.
“Más allá de que si nos caen bien o mal los funcionarios, la situación debe analizarse desde otra perspectiva. Yo puedo entender la motivación que hay en la opinión pública y el enojo que existe en la sociedad mexicana por un gobierno tremendamente inefectivo donde los funcionarios son vistos como un costo.
“Pero tenemos que pensar que eso no va a resolver problemas como la corrupción o la inseguridad si no tenemos un gobierno funcional. Por eso debemos meditar más ampliamente este programa de austeridad, en donde los funcionarios tengan condiciones de empleo adecuadas, se les pague ni más ni menos de lo que deben y se mejore una política de rendición de cuentas-, pero privilegiando la efectividad del servicio que prestan”, expuso.
La especialista dijo estar en desacuerdo, por ejemplo, en que se desaparezca el seguro de separación, que es un fondo de ahorro que los trabajadores del Estado tienen para cuando terminan su periodo en el cargo.
Esto, porque al no existir un verdadero servicio público de carrera, no hay estabilidad en el empleo, lo que se compensa con ese seguro.
Sin embargo, dijo sí estar de acuerdo en desaparecer el seguro de gastos médicos mayores, pues los servidores públicos tienen ya un servicio médico, por lo que el gasto es doble.
Seguro de gastos médicos, pagado por burócratas
Una de las medidas propuestas por López Obrador como parte de su plan de austeridad es eliminar el seguro de gastos médicos mayores del que gozan los funcionarios del gobierno federal, así como los de los poderes Legislativo y Judicial y otros órganos autónomos.
Sin embargo, ésta podría no ser muy buena idea si se toma en cuenta que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) no tendrá capacidad para atenderlos y el costo para el Estado sería 11 veces mayor que el de pagar las primas de seguro.
Un análisis hecho por Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, revela que la desaparición de esta prestación significaría un ahorro de 2 mil 700 millones de pesos por el concepto de pago de primas; pero el impacto al ISSSTE será de al menos 4 mil 80 millones de pesos.
“No habrá ahorro para el gobierno, por el contrario, el ISSSTE requerirá un mayor presupuesto para atender el incremento en la demanda de servicios de salud”, sostiene el estudio.
La propuesta de Di Costanzo no es mantener el esquema actual, sino permitir que el gobierno continúe teniendo la colectividad para la compra del seguro de gastos médicos mayores, pero que cada uno de los trabajadores del Estado pague el costo de la prima anual (alrededor de mil 350 pesos por cada uno de los beneficiarios), con lo que el gobierno federal solo actuaría como “administrador de los descuentos”.
“De esta manera, el seguro de gastos médicos mayores permanecería, pero totalmente a cargo de los funcionarios”, propuso.
Al eliminar esta prestación, indica el análisis, se saturarían los servicios del ISSSTE, que no estaría en condiciones de atender a los burócratas y sus familias que dejarían de atenderse en hospitales privados.
Los trabajadores del Estado tienen acceso a un seguro de gastos médicos mayores que los cubre a ellos, así como a su cónyuge e hijos, a su pareja en concubinato o su pareja del mismo sexo.
La suma asegurada básica es de 74 a 333 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización vigente; es decir, puede ir de los 181 mil 314 pesos a los 815 mil 916 pesos, según el rango del servidor público.
Según el análisis, alrededor de 500 mil servidores públicos se encuentran asegurados, lo que implica que 2 millones de personas tienen seguro de gastos médicos mayores, si se cuenta a sus parejas y sus hijos. El cálculo es que, por cada asegurado, el Estado paga mil 350 pesos al año, por prima.
Diversos cálculos señalan que el ahorro por las medidas de austeridad anunciadas por el presidente electo serían de alrededor de 38 mil millones de pesos al año
El primer impacto inmediato de la eliminación de esta prestación sería el aumento en la demanda de servicios del ISSSTE, señala Di Costanzo, sobre todo en los padecimientos más costosos, que es en los que los asegurados usan el servicio de gastos médicos mayores.
“La atención médica que demandarán al ISSSTE al ya no contar con el SGMM será aquella que se relacione con los padecimientos más caros tales como: enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes; es decir, aquellas que se denominan como ‘catastróficas’ y que siempre resultan ser las más costosas; tanto por los medicamentos como por los equipos especializados que se requieren para su tratamiento”, señala.
Quienes tienen esa prestación, expone el análisis, no hacen uso de los servicios del ISSSTE, pero sí realizan sus aportaciones, de las que se benefician los trabajadores que sí acuden a esta institución.
