El adelanto que llevan los panteones de uso forense en el país es muy deficiente, critica Lucy Díaz, directora del Colectivo Solecito de Veracruz.
“Francamente es muy deficiente el avance para lo que se esperaría que fuera ya. En Veracruz, hablando de saturación, está peor, se han encontrado dos fosas masivas, la de Colinas de Santa Fe y la de Alvarado (Arbolillos). Cuando menos tendrían que tener un ladrillo puesto. Y no hay nada. Es muy lento el avance para algo que es tan urgente”, explica la activista.
Díaz menciona que el gobierno, en todos sus niveles, no sólo el federal, tiene que comenzar a trabajar para resolver esta emergencia nacional y no se puede poner como excusa que hay una pandemia.
“En Veracruz los números no engañan, no mienten. No puede ser que los cuerpos no estén resguardados de una manera digna. Cuando nosotros fuimos por última vez abrías un cuarto y había restos, abrías otro y había restos. En todos lados había. Incluso tuvieron que rentar un tráiler”, sentencia.
Solo en dos de todas las fosas que ya suma la entidad veracruzana, el colectivo ubicó más de dos mil huesos y decenas de cuerpos que no tenían un destino digno, como lo especifica la ley para este tipo de osamentas.
Lamentablemente la crisis forense se tiene que afrontar porque ni con la pandemia por COVID-19 se ha detenido la violencia en el país.
“Nosotros reconocemos que este año ha sido muy precipitado y muy complicado, sin embargo, hay cosas que se pueden ir haciendo y estas son de esas cosas que se pueden hacer. Hasta sirve lo de los panteones como una área de oportunidad para crear empleos. Que se activen y se pongan a hacer las cosas que ya urgen. Tenemos más de una década esperando”, asegura la directora de Colectivo Solecito.
Díaz asevera que la mayoría de los avances en esta administración son resultado de la lucha de las víctimas para conseguir dar con el paradero de sus familiares.
“La mayoría de los avances que hay actualmente son el resultado de la lucha de las víctimas, al igual que las leyes. Yo misma trabajé en la parte legal, tanto de desaparición forzada, de ausencia, de víctimas; yo he participado en todas. Entonces, la creación de estas leyes nos ha dado un marco jurídico, pero falta todavía implementarlas de manera adecuada en los estados”, explica.
Sin embargo, reconoce que al menos el Gobierno actual ha asumido las desapariciones de personas como una catástrofe humanitaria innegable.
“Están sucediendo, están por todos lados y desde hace tiempo, porque los anteriores gobiernos se dedicaron sistemáticamente a negarlas y a desacreditar a las víctimas, a criminalizarlas”, acusa.
‘Se lavan las manos’ ante crisis forense
Los estados y la Federación tienen un enredo burocrático con el que “se lavan las manos” por el poco avance presentado en las obras de los 15 cementerios de uso forense, asegura Daniela Malpica, cofundadora de Justicia Transicional en México.
“Esta promesa de los 15 cementerios al final va a depender de que cada uno de los estados apliquen para obtener fondos y poder construir un cementerio. Para mí, esta es una de las principales deficiencias y al final tiene que ver con cómo está organizado el sistema de búsqueda en un orden federal cuando en realidad esto debería de ser una política nacional”, explica la académica.
De esta manera, si la Federación se compromete a construir los 15 cementerios, deberían depender directamente de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Secretaría de Gobernación y no de las comisiones locales, como ocurre ahora.
“Parte del problema precisamente es cómo se pueden acceder a estos recursos, los cuales se van comprometiendo año con año, ya que los que publican estos lineamientos en marzo son los estados y, al final del día, son ellos los que tienen que presentar un plan. Por lo tanto parece que el Gobierno federal se compromete a algo cuando al final la bolita se la vuelve a regresar a las entidades federativas”, sentencia.
Daniela Malpica considera que a más de un año del compromiso del subsecretario Alejandro Encinas, los avances que muestran las obras dejan mucho que desear.
La experta insiste en que el problema principal es la falta de coordinación entre los ámbitos de Gobierno para ejercer estas obras públicas.
“El problema es que no existe una buena coordinación entre las instituciones locales y, al final, en lugar de ser una política nacional porque estamos en un escenario de una emergencia en todo el país, en la que además muchos casos se sabe que ‘brincan’ los límites territoriales de una entidad a otra, en lugar de ser coordinado de manera federal, tenemos una política dividida por entidades, para mí esa es una de las principales limitantes”, señala.
Lamenta que sean los propios familiares quienes realicen estas búsquedas y que en el caso de los cuerpos encontrados no exista siquiera un trato digno de parte del servicio forense.
“Por un lado es un derecho poder participar en estas búsquedas, pero por otro la obligación primaria es del Estado y ésta ha sido una carencia que no ha logrado arreglar, o no ha logrado cumplir con esta obligación en la cual las familias se siguen viendo obligadas a ser ellas las que realizan por lo general estas actividades de búsqueda y, por eso, acabamos viendo escenarios que nos parecen sumamente indignos”, sentencia la especialista.