Aviadores judiciales

El Consejo de la Judicatura de Jalisco que está a cargo de combatir la corrupción entre los jueces, autorizó pagos a aviadores, además de bonos y más prestaciones fuera de la ley para sus consejeros, junto a otros gastos anómalos por decenas de millones de pesos, reveló la Auditoría Superior estatal

El señalamiento lo hace la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) luego de haber auditado en 2018 la cuenta pública del Consejo correspondiente al 2016, y sobre la cual concluyó que no debía de aprobarse debido a que existen erogaciones irregulares por al menos 23.9 millones de pesos.

Ante el cúmulo de anomalías encontradas, la ASEJ le solicitó al Congreso de Jalisco que fincara responsabilidades y multas contra distintos miembros del CJEJ, entre los que destaca Luis Carlos Vega Pámanes, quien lo presidió hasta el 1 de noviembre de 2016, y para el que se pide un castigo por 22.1 millones de pesos. Hoy está inhabilitado por esconder sus antecedentes penales

La ASEJ también solicitó una sanción contra el magistrado que sustituyó a Vega Pámanes como presidente interino del CJEJ, José Félix Padilla Lozano, por 1.7 millones de pesos, y para todos los actuales consejeros por las anomalías cometidas bajo su gestión, por estos montos:

Jorge García González, por 23.9 millones de pesos, Irma Leticia Leal Moya por 4.8 millones, Eduardo Moel Modiano por 4.8 millones y Pedro de Alba Letipichía, muy cercano al exgobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, por 1.7 millones.

La Auditoría Superior estatal promovió de igual forma otros créditos fiscales contra los exconsejeros Mario Pizano Ramos, cuyo hermano Héctor es diputado de Movimiento Ciudadano y un aliado relevante del gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, por 22.1 millones de pesos; y contra Alfonso Partida Caballero, del Grupo UdeG, por 19.1 millones.

Pagos a aviadores

El CJEJ administra su propia nómina y la de todos los juzgados en Jalisco, sin embargo, la ASEJ descubrió que está plagada de pagos a aviadores y otros malos manejos que suman 8.2 millones de pesos, según la Observación 6 de la auditoria.

Un ejemplo es que en las nóminas de enero, abril, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre de 2016, la ASEJ detectó “anotaciones relevantes del responsable de certificar la nómina relacionadas con las leyendas siguientes: ‘no laboraron en este juzgado o área, no se presentaron a trabajar en algunas quincenas, no se presentaron por incapacidad, no les consta las funciones que realizan en esa área’, entre otras inconsistencias“ por 123 mil 141 pesos.

También encontró cheques cancelados que no están debidamente finiquitados por 809 mil 740 pesos, “por lo que no existe certidumbre de que esos empleados hayan devengado su salario en esas quincenas”.

Otros 5.2 millones de pesos fueron pagos sin las firmas de los supuestos empleados, por lo que se erogaron “sin tener la certeza de que esos servidores públicos hayan efectivamente laborado en esas quincenas o de que las firmas que ostentan las nóminas objeto de comprobación son las de los legítimos beneficiarios de los pagos”.

Finalmente, hay 1.9 millones que el CJEJ pagó a supuesto personal de base y eventual del que no se localizó su contrato, o de haberlo, no tenía firmas, por ello, “no se tiene conocimiento de que hayan tomado protesta del cargo (…) además de que no se tienen elementos para determinar si el monto pagado por ese cargo corresponde con el puesto que se señaló en la nómina”.

Bonos a consejeros

Los consejeros del CJEJ también se autoasignaron bonos ilegales incluyendo uno para el presidente interino, Padilla Lozano. En la Observación 8 por 135 mil 358 pesos, reveló la ASEJ.

“Se observó que indebidamente realizaron pagos por concepto de compensaciones por 101,316 pesos y prestaciones extraordinarias por 34 mil 042.41 pesos al magistrado presidente interino del CJEJ (…) por el periodo de noviembre a diciembre de 2016 que suman la cantidad de 135 mil 358 pesos toda vez que se desconocen los criterios o bases por los que se determinó otorgar esas compensaciones”, señala el documento.

A pesar de que son los primeros responsables de combatir la corrupción judicial, los consejeros del CJEJ se despacharon 1.3 millones de pesos en bonos ilícitos, según la Observación 9.

“Indebidamente pagaron una percepción extraordinaria quincenal a los 4 consejeros que integraron el CJEJ durante 2016 por la cantidad de 13 mil 903 pesos cuya remuneración en nómina detalla la clave ‘13’ con el nombre de ‘Inc. a compensación’, sumando un total de 1.3 millones de pesos (…) Lo anterior se observa, toda vez que ya reciben una remuneración denominada ‘compensación por servicio’ con la clave ‘06’ en nómina, aunado a que no se tiene conocimiento bajo qué criterios o bases se determinó otorgar esa percepción”, estipula la ASEJ.

Además violando la Ley de Austeridad los consejeros contrataron un seguro de gastos médicos mayores para ellos mismos y personal judicial a Grupo Nacional Provincial SAB, según la Observación 11, por 18.3 millones de pesos. Sobre la cobertura del seguro la ASEJ advierte que “también se les pagó a (…) personas no localizadas en la nómina del CJEJ”.

Protección política

El informe final de la ASEJ sobre la cuenta pública 2016 del CJEJ llegó con estas observaciones al Congreso el 23 de marzo de 2018 para concretar las sanciones solicitadas, sin embargo, el caso sigue en el aire pues los diputados decidieron retornarlo a la ASEJ el 22 de agosto.

Con las reformas del Sistema Estatal Anticorrupción los diputados ya no tienen atribuciones para intervenir sobre las auditorías de la ASEJ para blindarlas así de criterios de grupo o políticos, sin embargo, estos cambios serán efectivos a partir de las cuentas públicas de 2018, por lo que las anteriores aún están en sus manos.

De esta forma, los diputados de la Comisión de Vigilancia aseguraron que habían recibido nueva documentación comprobatoria de los señalados, por lo que la turnaron a la ASEJ para su valoración.

En los últimos días tanto el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como el gobernador de Jalisco, se han pronunciado porque se realice una purga de los jueces corruptos en el estado o que están coludidos con la delincuencia organizada.