“El de ‘app’ (el edificio de Díaz Ordaz) yo creo que vamos a tener que cancelarlo porque simplemente cambiaron las condiciones, el dinero federal que me iban a dar no me lo dieron”.
El alcalde Mauricio Fernández decidió cancelar uno de sus sueños para el blindaje en materia de seguridad en San Pedro.
El edil panista había planeado la construcción del edificio inteligente de seguridad pública en la avenida Díaz Ordaz, que proyectaba realizar a través de un esquema de asociación pública-privada.
Este inmueble implicaría una inversión de más de 500 millones de pesos, incluyendo el costo del financiamiento privado.
Para suspender el proceso de licitación de esta obra, Fernández argumenta cuestiones financieras y problemas que se presentaron para acreditar legalmente la propiedad de los terrenos donde se iba a construir la sede central de seguridad pública.
“Yo creo que por ‘app’ ya este municipio no lo aguanta”, reconoce el alcalde panista en entrevista con Reporte Indigo.
“Estaríamos empasivando demasiado a San Pedro.
“El de ‘app’ (el edificio de Díaz Ordaz) yo creo que vamos a tener que cancelarlo porque simplemente cambiaron las condiciones, el dinero federal que me iban a dar no me lo dieron”.
Sin embargo, Fernández Garza no quiso sepultar este proyecto de infraestructura y ahora tiene otro sueño.
El edil cree que la Federación le mandará 150 millones de pesos para iniciar la construcción de este edificio, pero ahora como obra pública municipal.
“Yo creo que para la segunda quincena de este mes estamos a la espera de recibir posiblemente hasta 150 millones de pesos federales y con eso lo haríamos, pero ya no como una asociación pública privada”.
Fernández dice que existe un acuerdo para que estos recursos sean canalizados directamente a este proyecto municipal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Sin embargo ni el Subsemun ni el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que son los fondos federales para seguridad, contemplan este tipo de apoyos económicos para los municipios.
“Yo no lo arranco si no recibo la lana porque sino le complico la vida al Municipio”.
Reporte Indigo publicó ayer que la obra insignia de infraestructura del proyecto de seguridad y blindaje del alcalde Mauricio Fernández Garza en San Pedro estaba congelada.
El fallo de la licitación para la construcción de este edificio está suspendido inexplicablemente desde el mes de enero por las autoridades municipales.
Esto aunque Fernández Garza tiene desde hace cuatro meses sobre su escritorio las dos ofertas económicas para la construcción y arrendamiento de este edificio inteligente de seguridad pública por los próximos 15 años.
Una propuesta es de GP Inmuebles, por 527 millones de pesos, y una más baja hecha por la empresa Dycusa, por 467 millones de pesos.
El alcalde señala que de esta partida de 150 millones de pesos que le llegará, la mitad le correspondería al Gobierno del Estado, pero que confía en que la autoridad estatal destine su parte para la construcción del cuartel sampetrino en la avenida Díaz Ordaz.
“Me están diciendo que me están mandando 150 millones, pero que 75 vienen al Estado, pero yo estoy diciendo que es un dinero que nosotros conseguimos y esperamos que el Estado también apolingue al compromiso de que hay que aportarle a todo San Pedro entre Estado, Federación y Municipio”.
Mauricio Fernández asegura que ha sido él y no el Estado el que ha gestionado estos recursos ante la Federación.
“El Municipio ha gestionado los recursos que le van a llegar al Estado, pues yo espero que me los den y no se quieran quedar con ellos”.
Se le recordó al alcalde que el Municipio de San Pedro autorizó para su presupuesto del 2011 una partida plurianual de 77 millones de pesos para financiar proyectos públicos privados como el cuartel de Díaz Ordaz, la delegación policial en Valle Oriente y la instalación de cámaras de videovigilancia.
“No quiero meterlo en app el proyecto de Díaz Ordaz porque metí el de las cámaras , que iba a hacer con dinero federal y lo metimos como ‘app’. Entonces voy a cambiar uno por otro”.
Se le preguntó sobre el destino que tendrán ahora los 77 millones de pesos plurinuales que autorizó el Cabildo destinar a proyectos públicos privados en material de seguridad.
“No te puedo responder cuál peso está ahorita donde, porque ha sido una recomposición de todas las finanzas y ahorita voy día a día como se va acercando mi final ajustando para no cometer un error o una imprudencia”.
Además del problema financiero, el proyecto de construcción del edificio de seguridad en la avenida Díaz Ordaz presenta trabas legales con respecto a la posesión del terreno.
“Tenemos problemas complicados porque también no es propiedad nuestra”, acepta Fernández.
“Estamos finiquitando con Alfa este intercambio por la tramitología legal que esto implica porque había ahí derechos de paso de CFE y un montón de cosas que se han tenido que venir aclarando”.
El cuartel de seguridad se proyecta construir en un predio de cuatro hectáreas, propiedad del Grupo Alfa, empresa donde la familia de Fernández Garza tiene participación accionaria.
Estos terrenos fueron cedidos por Grupo Alfa al Municipio como un adelanto del área que por ley tiene que donar al Ayuntamiento cuando concrete en esta zona un proyecto industrial o habitacional.
Pero además el Municipio de San Pedro le permutó al Grupo Alfa la reserva territorial que tendrá que destinar como área pública cuando lleve a cabo su proyecto habitacional en los terrenos donde actualmente está el Planetario Alfa en Roberto G. Sada.
Fernández defiende esta operación argumentando que este acuerdo con Alfa permitirá al Municipio de San Pedro construir una área pública en la zona del poniente.
“Estamos privilegiando una gran área pública en estos terrenos”, dice.
“No hay espacios públicos de ese tamaño y en los dos casos estamos pidiendo anticipadamente que nos den la porción que en un momento dado cuando quieran hacer algo nos correspondería darnos.
“Lo que no están dando es la suma de los dos terrenos (Díaz Ordaz y Planetario) y el intercambio ya está aprobado. Se hicieron evaluaciones de un lugar y del otro y simplemente se hizo una permuta aprobada por el Ayuntamiento”.
¿Llegará el dinero federal?
Y promete arrancar esta semana cuartel en Valle Oriente
Hace 6 meses el Municipio de San Pedro asignó el contrato de 300 millones de pesos para la construcción y equipamiento de la delegación policial en Valle Oriente, pero hasta el momento no han iniciado los trabajos por parte de la empresa GP Inmuebles que ganó la licitación.
En un recorrido realizado por Reporte Indigo por la zona no se observaron trabajos ni siquiera iniciales de preparación del predio donde se contempla esta obra que forma parte del proyecto de blindaje prometido por el alcalde Mauricio Fernández Garza.
La obra no estará lista para cuando concluya en octubre la actual administación municipal.
El alcalde panista alega para justificar el retraso en la obra que se presentaron problemas legales para conseguir que el Municipio acreditara la posesión legal del terreno ubicado en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Rufino Tamayo.
“En Valle Oriente había una complicación juridical por la propiedad en cuanto a que ese camellón que estaba ahí por angas o por mangas nunca se había dado de alta como un bien municipal y el proyecto sólo se puede hacer en un propiedad municipal”, explica Fernández.
“Fue una tramitología en Catastro y hoy me están dando el registro y el número catastral y eso se necesita para hacer la asociación pública privada”.
El edil panista promete que los trabajos de construcción de este edificio de seguridad pública
comenzarán la próxima semana por parte de la constructora que ganó el concurso público.
“Estamos atorados por cosas legales, pero aparentemente hoy se destraba y la semana que entra debe de empezar la construcción de ese edificio”.
Por este edificio el Municipio de San Pedro se comprometió a pagar en los próximos 15 años 20 millones de pesos anuales a la empresa GP Inmuebles, filial de la constructora Garza Ponce, propiedad de José María Garza Treviño.