Porque no existe algo que lo impida o porque el poder en los órganos de gobiernos locales se detenta como un privilegio de familias, en las próximas elecciones del primero de julio decenas de políticos en todo el territorio nacional intentarán heredar el poder de los cargos públicos a sus parientes.
A excepción de Baja California, que no celebrará comicios locales, en el resto del país no existe una sola entidad en donde no se hayan registrado ya casos de alcaldes, diputados o líderes de partidos que, manipulando los estatutos internos de sus organizaciones, busquen colocar a familiares directos en candidaturas a cargos de gobierno local.
Esta es una modalidad que se ha comenzado a observar en todo el país, y pone en mayor cuestionamiento el sistema político de partidos, señaló la antropóloga social e investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Celina Guzmán, quien consideró que “el ver candidatos familiares de los funcionarios en turno, puede desalentar aún más la intención del voto ciudadano”.
El desaliento de los votantes, estimó la investigadora, se puede derivar de la razón de perpetuidad que muchos gobernantes, principalmente alcaldes, buscan establecer en los órganos de gobierno local, los que son vistos como propiedad personal y en consecuencia piensan que se pueden heredar a la familia; y lo hacen porque simplemente la ley no lo prohíbe y ven en ello una utilidad económica.
Por eso considera la especialista que la perpetuidad en los cargos locales de gobierno ya no es solo una cuestión de reelección de algunos munícipes y diputados locales, “ahora se da paso a un nuevo fenómeno social: la herencia del poder por razones de parentesco y económico, en donde los alcaldes y diputados en funciones se han acopiado del privilegio único de que el poder se quede en la familia”.
Más allá de los casos renombrados como el del ex gobernador panista de Puebla, Rafael Moreno Valle que impulsó la candidatura de su esposa Martha Erika Alonso, para posicionarla como aspirante a la gubernatura de esa entidad, o el del gobernador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares que empujó la candidatura de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, para que lo suceda en la administración estatal, surgen otros igual de ominosos.
Entre esos casos también destaca el del estado de Morelos, donde el gobernador perredista Graco Ramírez Abreu, impulsó la candidatura de su hijo Rodrigo Gayosso en espera de que lo suceda luego de las elecciones venideras. Así como en Michoacán, en donde Antonio García Conejo es candidato a senador por la alianza PAN-PRD-MC, y Juan Luis García Conejo compite a la alcaldía de Huetamo, por el mismo frente político; siendo que ambos son hermanos del actual gobernador, Silvano Aureoles Conejo.
El tratar de heredar el poder a los familiares, no es cuestión exclusiva de un determinado partido, dijo la socióloga Celina Guzmán.
“Es una situación que se observa casi generalizada en todos los partidos, y que si bien no surge del ejemplo que a nivel nacional han dado algunos actores como el propio ex presidente Felipe Calderón, que impulsa la candidatura presidencial de su esposa Margarita Zavala, sí influye para que los alcaldes y diputados locales quieran emular el caso”, agrega la especialista.
Aprovechan la equidad de género
Por razón de equidad de género, el Instituto Nacional Electoral determinó que las mujeres tienen derecho a una parte proporcional en los espacios de gobierno, de eso se han valido algunos alcaldes para colocar en las candidaturas a sus hijas o esposas, “donde nada tiene que ver la participación política de la mujer, la que en términos generales sigue relegada de los cargos de gobierno”, explicó Celina Guzmán.
Como ejemplo de lo anterior destaca el caso de Karla Adriana Martínez Lechuga, hija del ex dirigente del PRD en el estado de Puebla y actual líder del congreso local, Carlos Martínez Amador, la que hoy va en la lista de candidatos a diputados locales de representación proporcional del frente PAN-PRD-MC, esgrimiendo la razón de la cuota de equidad de género.
Otra candidata de linaje político que en el estado de Puebla se colocó en la lista electoral es la priista Karina Romero Alcalá, hija de Blanca Alcalá Ruiz la ex candidata del PRI al gobierno estatal y hoy embajadora de México en Colombia, la que aspira a ser diputada federal por el distrito 12 con cabecera en el municipio de Amozoc.
También fue colocada en una candidatura Michelle Islas Ganime, hija del ex senador priista Víctor Hugo Islas Hernández y de la diputada local Bárbara Ganime Bome, ella busca se diputada federal por el distrito 19 con sede en la capital de Puebla, con el apoyo del PRI.
El caso también se replica en Baja California Sur, donde el dirigente estatal del PRD Antonio Gómez Riojas, colocó a su hija María Adela Gómez Ponce como candidata a regidora propietaria en la planilla con la que ese partido busca ganar la alcaldía del municipio de Los Cabos.
Caso similar sucede en Guerrero, donde el alcalde perredista de Acapulco, Evodio Velásquez Aguirre, pese a los señalamientos de malos manejos en su administración y en oposición a los sondeos de popularidad de otros candidatos, impuso a su esposa Perla Edith Martínez Ríos, como candidata a una diputación local por el distrito 9 con cabecera en esa misma localidad.
Otro caso emblemático, cobijado por la equidad de género, es el de Laura Guadalupe Vargas, quien ya fue diputada federal y presidenta municipal de Xicotepec, Puebla, y ahora es candidata del PRI a una diputación federal por el distrito Huauchinango, esto con el apoyo de su padre Ardelio Vargas Fosado, ex titular del Instituto Nacional de Migración (INM).
Hay cientos de casos como estos en el país, explicó Celina Guzmán, “los que sin duda van a dejar desencantados a los ciudadanos antes de emitir su voto, y aun cuando habrá situaciones en donde los lazos de sangre hagan ganar a algunos, también podría haber una gran mayoría en donde los electores manifiesten su voto de castigo”.