¿Quién debe recaudar el impuesto a los casinos? ¿El Gobierno federal o los estados de la República? Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside Arturo Zaldívar, sesionará para resolver los tres amparos que dejó pendientes hace una semana y presentar un proyecto de sentencia.
Luego de sesionar en privado, la Segunda Sala del máximo tribunal de justicia aplazó su decisión para estudiar el tema. En los recursos jurídicos 111/2019, 489/2019 y 842/2019, la ministra Yasmín Esquivel Mossa argumenta que es inconstitucional que las entidades cobren porque es una facultad exclusiva de la federación.
Esquivel Mossa sostiene que, desde 1947, la Secretaría de Gobernación (Segob) es la dependencia que señala la participación que corresponde al gobierno federal por concepto de juegos y sorteos.
En la conferencia matutina del 7 de febrero, incluso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que no deben invadirse las atribuciones federales.
“La Ley Federal de Juegos y Sorteos establece que es facultad de la Secretaría de Gobernación la reglamentación, la autorización, el control y vigilancia de los juegos cuando en ellos medien apuestas de cualquier clase”, pronunció.
Atentado a seguridad
Son 31 estados los que implementan esta contribución, a excepción de Puebla. Mientras que Nuevo León fue el primero en establecerla a nivel nacional en 2017 y el que más recaudó en 2018. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró ingresos por 871 millones 822 mil pesos.
El gravamen consiste en que los clientes de casinos pagan 10 por ciento de sus apuestas y las casas de juego 6 por ciento del total de recibido por este concepto.
El estado que gobierna Jaime Rodríguez Calderón es el único en el que el impuesto a casinos contribuye a la seguridad pública. Cada año, 35 por ciento se destina a un fondo y el monto se divide entre los 51 municipios para tareas de prevención, capacitación y equipamiento de las corporaciones policiacas.
+800
De manera que si la SCJN falla en contra de los 31 estados, Nuevo León sería uno de los más afectados no sólo porque obtiene más de los casinos, sino por el fin que tiene este dinero. Por ejemplo, el pago de sueldos a 7 mil policías.
Reclaman terceros interesados en casinos
El gobierno local, alcaldes, legisladores estatales y federales y organizaciones se pronunciaron contra la propuesta de la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
La mañana del martes en el vestíbulo del Congreso de Nuevo León, presidentes municipales protestaron por el monto que dejarían de recibir si prospera la inconstitucionalidad. Adrián de la Garza, de Monterrey, 30 millones de pesos; Cristina Díaz, de Guadalupe, la misma cantidad; César Garza, de Apodaca, 25 millones menos, y a Javier Caballero, de Santiago, le restarían 8 millones.
Junto con diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtieron que diversas asociaciones de ediles a nivel nacional apoyan el llamado para pedir a la Corte la permanencia de este impuesto en los estados.
La Mesa Metrópoli Monterrey exigió al máximo tribunal rechazar esta propuesta y advirtió sobre la reducción de inversión en materia de seguridad
La secretaria técnica Mayra Hernández presentó un recurso ante la SCJN bajo la figura jurídica amicus curiae para que sea considerada como un tercero interesado, a pesar de no ser parte del litigio, y tenga acceso a una audiencia pública para exponer los alegatos. Se sumaron el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, el Consejo Cívico de las Instituciones, el Laboratorio de Innovación para la Paz y otros especialistas.
El senador panista por Nuevo León, Víctor Fuentes, ya había presentado un escrito ante el máximo tribunal también como amicus curiae. Él señaló que los impuestos no son una facultad exclusiva de la federación, pues el Poder Legislativo puede intervenir, según el artículo 73 constitucional.
El gobernador Jaime Rodríguez fue el primero en pronunciarse en contra de que estos impuestos sean federales. “El Bronco” dijo que argumentará la legalidad de este arancel y confía en que la Corte falle a favor de los gobiernos estatales.
“Carlos Garza está trabajando en eso y haremos la explicación a la Corte en ese sentido, no creo que tengamos riesgo en eso”, mencionó el mandatario hace una semana sobre el tesorero.
El secretario de gobierno, Manuel González, reconoció la afectación directa en seguridad y criticó a las casineras porque es un cargo a las apuestas de los clientes y no a los empresarios.
El senador Samuel García, quien propuso la iniciativa de impuesto a casinos cuando fue diputado local, reclamó en redes digitales que la SCJN declare esta medida inconstitucional y llamó a no afectar las arcas estatales.
“Mi iniciativa sobre casinos da a Nuevo León mil millones de pesos al año”, publicó. Incluso, había sugerido incrementar a 15 o 20 por ciento el impuesto.
