Las consecuencias de la extradición de Emilio Lozoya Austin de España a México por petición del Gobierno federal, ya comienzan a vislumbrarse.
Bajo la promesa de cooperar con las autoridades nacionales, el excoordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien el martes fue vinculado a proceso por su presunta implicación en la compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, aún tiene mucho por revelar y un duro proceso legal por enfrentar.
El día de ayer durante su segunda audiencia virtual, en este caso por supuestamente haber recibido sobornos hasta por 10.5 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, y la cual fue presidida por el Juez Federal de Control del Reclusorio Norte, Juan Carlos Ramírez Benítez, el acusado por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, contemplados en el Código Penal Federal de la época, aseguró ser inocente, lo cual dijo demostrará denunciando a los verdaderos responsables.
“En su momento él (Emilio Lozoya) procederá a denunciar los delitos cometidos por los sujetos activos y responsables de los hechos que ha señalado el agente del ministerio público.
Lozoya denunciará los delitos cometidos por los sujetos responsables de los hechos que ha señalado el agente del ministerio público. Puntualizando de manera muy clara sus nombres, cargos y métodos
“Puntualizando de manera muy clara y contundente sus nombres, los cargos que ocupaban y los métodos de instrumentalización que fueron utilizados para la comisión de los hechos objeto de esta investigación”, dijo al juez la defensa del exfuncionario público presidida por los abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda.
Imputación a proceso de Lozoya
A las 21:37 horas del día de ayer, el Juez Federal, Juan Carlos Ramírez Benítez, dictó el auto de vinculación a proceso a Emilio Lozoya Austin por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y el de cohecho en su calidad de autor material y por la naturaleza dolosa de los hechos.
En cuanto al delito de operación con recursos de procedencia ilícita, el juzgador explicó que necesariamente deberá atenderse en las dos etapas en las cuales se desarrolló dicha actividad.
La primera, previo al 1 de diciembre de 2012, en la cual Lozoya no ostentaba la calidad de servidor público, y una segunda, que tiene lugar a partir del año 2013 y culmina durante el año 2014, donde ya era director de Pemex.
“Se concluye que el hecho atribuido al imputado por parte de la Fiscalía Federal debe sancionarse en términos del artículo 400 bis, fracción primera del Código Penal Federal vigente a partir del 15 de marzo de 2014, fracción I. adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
Sobre el delito de cohecho, contemplado en el artículo 222 del Código Penal Federal, Ramírez indicó que como servidor público, el extitular de Pemex, recibió millones de dólares para favorecer a la empresa brasileña Odebrecht a través de la asignación de obras de forma directa para obtener beneficios económicos.
“Se ha explicado a través de la denuncia de Pemex y la UIF cómo fue la recepción de recursos y transferencias para la adquisición de un bien inmueble que liquidó a través de tres pagos en 2013.
“Además contamos con la denuncia de los testigos brasileños en la corte de Nueva York, Estados Unidos, señalando que dieron dinero a un alto funcionario de una empresa paraestatal mexicana.
“En complemento a los datos de prueba derivados de la colaboración internacional, se cuenta con las traducciones de lo resuelto en el delito de fraude de los testigos brasileños donde explicaron los sobornos a funcionarios, entre ellos los 10.5 millones de dólares a un funcionario mexicano de alto rango que controlaba una empresa del Estado para recibir los contratos de obra pactados”.
Familiares involucrados
Emilio Lozoya no actuó solo. De acuerdo con las investigaciones presentadas por la Fiscalía General de la República, colaboraron con él su madre, Gilda Margarita Austin y Solís; su hermana, Gilda Susana, y su esposa, Marielle Helene Ekes.
“Respecto al delito de asociación delictuosa, se comprueba la intervención de más de tres personas vinculadas con la finalidad de materializar conductas ilícitas contempladas en el artículo 164 del Código Penal Federal”, reveló el juez a la hora imputar a proceso a Lozoya.
El juzgador Juan Carlos Ramírez Benítez, estableció que una vez allegados los recursos de la persona moral Norberto Odebrecht, se especificaron los mecanismos utilizados a través de empresas del círculo familiar de Lozoya: hermana, esposa y madre.
De manera específica, relató que la madre abrió una cuenta bancaria para la recepción de transferencias de dinero de procedencia ilícita; la esposa adquirió un bien inmueble del estado de Guerrero usando un fideicomiso y la hermana se benefició al realizar la apertura de cuentas para los depósitos de sobornos. Las tres omitieron reportar estas operaciones ante las autoridades hacendarias.
El Juez Federal de Control del Reclusorio Norte, Juan Carlos Ramírez Benítez, estableció que Lozoya pueda llevar su proceso en libertad condicional siempre y cuando respete las medidas cautelares que se le impusieron
“ERLA (Emilio Lozoya) incurrió en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita junto con su hermana, su madre y su esposa, a quienes se les hicieron infinidad de depósitos bancarios en México, en Brasil y en otros países”, acusó la FGR, institución que encabeza Alejandro Gertz Manero, durante la audiencia.
Medidas cautelares y libertad condicional
El Juez Federal de Control del Reclusorio Norte determinó como medidas cautelares para Emilio Lozoya Austin, la prohibición para salir del país y de la Ciudad de México, así como del área conurbada de la CDMX y la colocación de un aparato de monitoreo electrónico, comúnmente conocido como brazalete. Estas dos medidas se proponen durante el tiempo que dure el procedimiento.
Finalmente, se le designó el cuidado y vigilancia de la Policía Federal Ministerial mientras se encuentre hospitalizado y la entrega de su visa y pasaporte, ya que contará con libertad condicional durante su proceso, “sin perjuicio de que pueda ser privado de este derecho con motivo de la existencia de alguna otra causa del orden federal o del fuero común”.
